Acaban con favoritismo en inspección de barcos

Incumplimiento de reglamentos internacionales e irregularidades son las características que al parecer imperaron en la antigua administración de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
Por ejemplo, solo se contrató a tres empresas para la aprobación de planes de protección de los buques con banderas panameñas, cuando se necesitaba un grupo significativo de compañías que realizaban las revisiones, es decir, que el negocio quedó repartido entre unos cuantos.
Esto provocó un retraso en la revisión y el incumplimiento al Código Internacional de Protección Marítima (ISPS).
Rubén Arosemena, administrador de la AMP, dijo que no puede existir un monopolio a la hora de certificar las naves con banderas panameñas. Esto trajo en el pasado un perjuicio económico a los armadores del registro panameño, afectando la imagen internacional del país.
Cabe recordar que la Asociación Japonesa de Propietarios de Embarcaciones, exigió acciones urgentes contra los anticipados problemas causados por severas demoras en la emisión del ISSC, por parte del gobierno panameño.
Con esta situación, la AMP emitió la resolución Número 29 del 15 de septiembre del 2004 que autoriza a 16 Organizaciones de Protección Reconocidas para que realicen la evaluación y aprobación de dichos planes.
Arosemena advirtió que ordenarán el audito de los procesos que utilizan todas las organizaciones que prestan el servicio de certificación, inspección y clase.
Posteriormente se autorizará a otras organizaciones que cumplan con el Código ISPS, para que en nombre del Estado puedan aprobar planes de protección a buques con bandera panameña.
La medida de la AMP va ligada a otros cambios. Ahora los informes de inspección tendrán una vigencia de un año.
Los reportes de inspección son la base para la aplicación de sanciones a los buques que incurran en fallas en aspectos de seguridad marítima.
El director de Marina Mercante de la AMP, Fernando Solórzano, dijo que la institución recibió reportes en los que se detalla la aplicación de sanciones por deficiencias generadas por antiguos propietarios de los buques, que tenían que ser asumidas por los actuales al no atenderse oportunamente la evaluación de los reportes.