Los miles de argentinos que poseen bonos públicos de Argentina en cese de pagos esperan que un juez de Estados Unidos niegue al Fondo Monetario Internacional (FMI) la condición de "acreedor privilegiado" del país sudamericano.
La cuestión fue planteada al juez de Nueva York, Thomas Griesa en una demanda de inversores de EU contra Argentina y se espera una decisión esta semana, afirmó ayer a una radio local el abogado de los acreedores argentinos, Eugenio Bruno.
Los inversores argentinos son el mayor grupo de acreedores perjudicados por el cese de pagos de bonos argentinos por unos 88,000 millones de dólares, declarado en diciembre de 2001.
Los acreedores se quejan de que el Fondo Monetario se desmarcó de sus problemas al firmar en septiembre pasado un acuerdo crediticio con Argentina con el que se aseguró el cobro de deudas del país sudamericano.
Eugenio Bruno sostuvo que en la jurisprudencia internacional "no hay ninguna disposición" que conceda al organismo financiero la condición de "acreedor privilegiado".
"Ni en los estatutos del Fondo se establece sea un acreedor legalmente privilegiado", remarcó a Radio Continental de Buenos Aires.
Dijo que esta cuestión "se va a resolver el jueves próximo", después de que el comité de acreedores argentinos mantenga una reunión con el juez Griesa en Nueva York.
El juez neoyorquino interviene en una demanda de fondos de inversión y otros acreedores estadounidenses por el cobro de bonos argentinos en mora por unos 700 millones de dólares.
El abogado de los acreedores argentinos aseguró que "es muy atacable desde el punto de vista judicial" el argumento oficial de que no se puede pagar toda la deuda morosa "porque no hay recursos para hacerlo", a raíz del acuerdo con el Fondo Monetario.
"La mitad de la deuda externa de Argentina está en manos de argentinos, con lo cual ya no se puede hablar más de una deuda externa", comentó.
Eugenio Bruno volvió a expresar el tajante rechazo de los acreedores a la propuesta gubernamental de refinanciar la deuda con una rebaja del 75 % de su valor nominal.
En este sentido, insistió en que "la quita propuesta no es del 75% es mayor, ya que no se reconoce el pago de intereses devengados" desde el cese de pagos de finales de 2001 hasta el momento en que se acuerde la refinanciación.
