Los acuerdos Stand-By son convenios de crédito mediante los cuales, un país miembro del Fondo Monetario Internacional –FMI-, recibe la seguridad de que, durante un cierto período, se autorizarán sus peticiones de recursos financieros, en forma escalonada, y toda vez se cumpla con determinadas metas, a las cuales se les da seguimiento mientras dure el acuerdo.
Como resultado de la crisis económica mundial, Costa Rica, El Salvador y Guatemala, han firmado acuerdos de este tipo con el FMI, los cuales, tienen un carácter precautorio ante eventuales problemas que comprometan la estabilidad macroeconómica y financiera.
En el resto de países de la región, aún no se ha adoptado un acuerdo con el FMI.
Los acuerdos firmados con el FMI condicionan su vigencia al cumplimiento de algunas metas, que varían entre países y que están relacionadas con niveles de reservas monetarias internacionales, límites de endeudamiento y de déficit fiscal, así como algunos indicadores estructurales relacionados con la presentación de iniciativas de ley, ante el Organismo Legislativo, con el fin de mejorar las normas que regulan el sistema bancario y financiero de los países.
En materia de política fiscal, aunque los acuerdos Stand-By no constituyen una fuente alternativa al financiamiento del agujero fiscal resultado de la crisis económica, estos imponen un límite o barrera al déficit presupuestario.
Ante la vertiginosa caída de los ingresos tributarios, cumplir con esta meta de déficit obligará a los países a restringir el gasto público, algo contrario a lo que han señalado los expertos, como Paul Krugman, quienes afirman que es necesario aumentar el gasto público, generando políticas de protección social, empleo e inversión, en un marco de transparencia.
Si bien los acuerdos Stand-By buscan mejorar la estabilidad macroeconómica y financiera, los compromisos asumidos por los gobiernos, en materia fiscal, podrían poner en peligro la estabilidad política y social de sus naciones, al reducir las posibilidades de acción de la política pública en momentos en los que esta es la mejor estrategia para afrontar la crisis.
Ante este panorama, es necesario e importante que los gobiernos y el Fondo Monetario Internacional (FMI), revisen los compromisos asumidos en estos acuerdos, asumidos en los primeros meses de 2009, y los adapten a los escenarios actuales de crecimiento económico y de recaudación tributaria.
