Acusado de haber sido el jefe de una banda que vendió ilegalmente armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995, el ex asesor presidencial Emir Yoma -un intocable del poder de los últimos diez años- quedó ayer preso por orden del juez federal Jorge Urso, tras ser indagado durante más de cinco horas.
Acompañado de su abogado Mariano Cúneo Libarona y vistiendo un camisa desabrochada en el negó todos los cargos durante un duro interrogatorio realizado en los tribunales de Retiro.
La indagatoria tuvo momento tensos cuando Emir se molestó por preguntas del fiscal Carlos Stornelli, pero no hubo incidentes durante el interrogatorio, que terminó anoche .
La detención de Emir tiene un fuerte impacto político porque es la antesala para la citación de otros ex altos funcionarios menemistas, como los ex ministros de Defensa Antonio Erman González y de Relaciones Exteriores Guido Di Tella, por ese delito que no es excarcelable. También porque, por primera vez, en la causa queda abierta la posibilidad firme de que el ex presidente Carlos Menem termine siendo citado a dar explicaciones.
En medio de estrictas y sigilosas medidas de seguridad, Emir fue detenido ayer a la madrugada por "nuevas pruebas" surgidas en la causa y dejado incomunicado en aquella dependencia de la Policía Federal. Estos elementos confirman la vieja hipótesis de que habría sido el cerebro que dirigió las maniobras para exportar ilegalmente 6.500 toneladas de armas y municiones de Fabricaciones Militares y del Ejército.
La detención se produjo llamativamente después de que el ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga fue indagado el viernes durante seis horas por Urso y el fiscal Carlos Stornelli.
Fuentes del juzgado y de la fiscalía ne garon que Sarlenga se haya arrepentido y haya contado mucho de lo que se supone ocultó durante estos cinco años desde que se destapó el caso por una investigación de Clarín. Pero todo indica que la detención de Emir está vinculada al contenido de la indagatoria de Sarlenga, que se encuentra bajo secreto de sumario.
La indagatoria de ayer también giró sobre la orden de la Cámara Federal de investigar si Emir Yoma cobró una de las coimas pagadas por este escándalo a través de la empresa fantasma uruguaya Daforel. Sin dudas, el viernes fue un día clave para esta investigación. Sarlenga estaba a punto de salir libre luego de casi dos años de prisión preventiva que cumplía por estar acusado de haber ayudado a contrabandear las armas, en una causa conexa a la principal que llevan Urso y Stornelli. Había reunido, después de tres semanas, los 150 mil pesos que le exigió un tribunal del fuero penal económico. Se recuperaba de un problema cardíaco y había aprendido a soportar las amenazas de muerte que recibió para guardar silencio.
Pero ese mismo día llegó al edificio Centinela de Gendarmería, donde está alojado, la orden de Urso que lo dejaba preso a su disposición por asociación ilícita en la causa principal por este escándalo.
En esas circunstancias límites, Sarlenga, de 58 años, pidió ampliar su indagatoria a Urso seguramente para no quedar imputado como jefe de la asociación ilícita que hizo las maniobras. Es que si en el futuro juicio oral y público se lo condena por haber cumplido el rol de jefe de una banda y por otros delitos, este empresario aceitunero de La Rioja podría quedar preso por 10 o 16 años más. En otras palabras, recién quedaría libre a los 70 para cumplir arresto domiciliario, como es el caso de Videla en la causa por el robo de bebés de los desaparecidos.
Con esa perspectiva, un nervioso Sarlenga declaró el viernes. Apenas se fue de los tribunales, Stornelli pidió la detención de Emir Yoma y el juez Urso la ordenó inmediatamente por la gravedad del delito y para evitar que se construyan coartadas.
Este vuelco en el caso -hasta ahora se imputaban delitos menores- se dio en el marco de la decisión de la Cámara Federal, el miércoles pasado, de procesar a Sarlenga por asociación ilícita e investigar por el mismo delito a Erman y a Di Tella.
Erman fue ministro de Defensa entre 1991 y 1993 y luego fue reemplazado por Oscar Camilión, quien ocupó ese puesto hasta 1996, cuando renunció como consecuencia del escándalo. De ambos dependía formalmente Sarlenga como interventor de Fabricaciones Militares y ambos podrían haber sido acusados de haber sido los jefes de la asociación ilícita, pero las nuevas pruebas llevaron al juez Urso a imputar a Emir de haber sido el influyente que daba las órdenes detrás del trono.
Es que a pesar de que en 1991 renunció como asesor presidencial por el escándalo del Swiftgate, siguió teniendo poder por su fuerte relación conCarlos Menem.
La imputación a Yoma es clave. Durante todos estos años estaba claro que un desconocido como Sarlenga nunca había podido lograr que ministros reconocidos internacionalmente como Di Tella, Cami lión y el propio Domingo Cavallo firmaran tres decretos presidenciales que tenían a Panamá y Venezuela como destino falso.
Sarlenga menos podría haber conseguido que el ex jefe del Ejército general Martín Balza -otro de los procesados- haya hecho la vista gorda para que unas 3 mil toneladas de armas y municiones salieran de los arsenales de la institución o en cientos de camiones.
Sin embargo, esta nueva etapa de la causa recién comienza y aún no está dicha la última palabra. No por nada, Menem cerró filas el jueves con Di Tella y Erman y, además, le mandó saludos a Balza, poco después de que Camilión reclamara, por primera vez, que la Justicia también debía investigar al ex presidente.
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