Acusan a privatizadas de obtener dinero ilegalmente

Diputados opositores argentinos, liderados por la carismática Elisa Carrió, acusaron ayer a las empresas de servicios públicos privatizados de haberse apropiado ilegalmente de 9,000 millones de dólares con "tarifas abusivas" y exigieron la revisión integral de sus contratos.
"En algunos casos, esa revisión (de contratos) seguramente conducirá a su caducidad", dijo en conferencia de prensa Carrió, para quien "el caso típico es el Correo", empresa integrante del grupo local Macri, que no ha pagado los cánones de la concesión.
La dirigente política, primera en intención de voto a presidente, añadió que "ante la pretensión de estas empresas de obtener una actualización de tarifas (compensatoria de la devaluación del 70% experimentada por el peso), planteamos una revisión global de las privatizaciones para determinar la injusticia del nivel tarifario".
El gobierno del presidente Eduardo Duhalde inició conversaciones preliminares con las empresas del sector que reclaman el aumento tarifario alegando que sus contratos de concesión establecieron precios en dólares. Las autoridades obligaron a esas compañías a cobrar sus servicios en pesos a valores nominales iguales que antes de la devaluación de principios de año, para restar fuerza a las presiones inflacionarias que se desataron entonces y que en lo que va de 2002 determinaron un aumento promedio de precios de 25.9%, y un encarecimiento de 42% de los alimentos.
"Tenemos derecho a reclamar una reducción de las tarifas por lo que han cobrado de más en estos años. Una actualización puede significar un nuevo saqueo de las posibilidades de vida de millones de argentinos", afirmó Carrió, rodeada por legisladores del opositor Interbloque Alternativa (centroizquierda), tercera fuerza en la Cámara de Diputados.
Carrió cuestionó las numerosas modificaciones de los contratos obtenidos por las empresas mediante negociaciones con las sucesivas administraciones, en especial, la cláusula que en casi todos ellos ajusta las tarifas según la evolución de los precios en los Estados Unidos.
Esa cláusula, "expresamente prohibida por la ley de Convertibilidad", aclaró la diputada, introdujo progresivos aumentos tarifarios durante la década pasada lo que produjo a estas empresas ingresos ilegales adicionales por 9,000 millones de dólares.