La Comisión Europea comunicó que envió una advertencia formal a la empresa japonesa de vídeo juegos Nintendo y a otras compañías por la forma en que distribuyen los productos de esa marca en la Unión Europea (UE).
Un portavoz del comisario de la competencia, Mario Monti, indicó que el órgano que controla las prácticas antimonopolio en el viejo continente tiene indicios de que los precios de los vídeo juegos han sido mantenidos en un nivel alto de manera artificial.
Nintendo es el segundo fabricante mundial de juegos de vídeo y produce, entre otros productos, la popular Game-boy de bolsillo así como las aventuras interactivas del personaje Super Mario.
La Comisión Europea declaró que envió un "pliego de cargos" a las empresas concernidas en el que advirtió de que la forma en que dividieron el mercado parecía violar las leyes antimonopolio de la UE.
"La familias europeas gastan millones cada año en juegos de vídeo y queremos asegurarnos de que no están siendo estafadas", comentó Monti.
"Los indicios que tenemos hasta el momento muestran que el comportamiento de Nintendo y de sus distribuidores estaba destinado a mantener los precios de esos juegos artificialmente altos. Es una acusación muy directa", dijo el portavoz europeo Michael Tscherny.
Un "pliego de cargos" es una medida formal de la UE en las investigaciones antimonopolio.
Las empresas concernidas tienen dos meses para contestar a la Comisión, que puede, en última instancia, imponer multas de hasta el 10 por ciento del volumen de facturación anual de la compañía, aunque ese tipo de castigo económico no ha sido decretado hasta la fecha.
UN CARTEL DE IMPOSICION DE PRECIOS
La Comisión señaló que cree que las firmas en cuestión tienen un acuerdo de "tipo cártel" cuya finalidad es repartirse el mercado único europeo.
El órgano de control europeo nombró las siete compañías, todas importadoras oficiales de los productos Nintendo en Europa: Linea GIG, Itochu, Concentra, Bergsala, Nortec, CD-Contact Data y John Menzies.
Indicó que habían "colaborado intensamente" en acabar con el comercio paralelo, es decir la exportación no oficial de un país a otro, con la imposición de sanciones a las empresas que permiten ese tipo de venta.
La institución ejecutiva de la UE, que inició sus investigaciones sobre los métodos de distribución de Nintendo en 1995, también señaló que la empresa japonesa hace que sea más difícil para los vendedores al por menor competir con los precios.
La Comisión subrayó que los consumidores de los países europeos, en los que no existen importaciones paralelas, no tienen acceso a productos Nintendo a precios reducidos. El coste de algunos productos puede oscilar incluso un 100 por ciento de un país a otro, destacó.
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