La aerolínea peruana AeroContinente demandó ayer al Estado chileno por más de 1,000 millones de dólares por los daños que le causó una acusación de lavado de dinero cursada el año pasado por el Consejo de Defensa del Estado (Fiscalía pública).
La presidenta de la compañía, Lupe Zevallos, acompañada de sus abogados interpuso ayer la demanda en la Corte de Apelaciones de Santiago, que derivará el recurso a un juzgado civil de la capital chilena.
Zeballos, que es hermana de Fernando Zevallos, fundador de la aerolínea, señaló a EFE que la presentación se fundamenta en los daños materiales y de imagen que provocó el cierre "injustificado y arbitrario" de la compañía el 18 de julio del 2001.
La Fiscalía pública chilena acusó el año pasado a AeroContinente de asociación ilícita para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, tras lo cual un juez ordenó incautar los bienes de la empresa y sometió a proceso y encarceló a cuatro de sus directivos.
Sin embargo, la Corte Suprema echó por tierra días después la acusación al acoger un recurso de amparo en favor de los detenidos, lo que significó la libertad de éstos y la devolución de la aerolínea a sus dueños, aunque la investigación judicial sigue abierta, a cargo del juez especial Víctor Montiglio.
La presidenta de Aerocontinente, quien llegó a Santiago junto a medio centenar de periodistas peruanos, aseguró que el daño patrimonial provocado a la filial de la compañía en Chile supera los 1,000 millones de dólares, aunque advirtió que serán los tribunales los que determinen el monto de la indemnización.
Durante julio y agosto del año pasado, la justicia ordenó la incautación de la flota de aviones, el cierre de las cuentas bancarias de directivos y máximos ejecutivos y la cancelación de todos sus vuelos nacionales e internacionales.
También delegó la administración de la aerolínea al abogado Andrés Chadwick, quien declaró en quiebra la compañía. El abogado Julio Dissi, que representa a AeroContinente en Chile, explicó que la actuación de la justicia en el caso no ha sido "competente".
Según el letrado, la ley chilena establece que cualquier empresa que sea investigada por lavado de dinero no está obligada a suspender sus operaciones, como ocurrió con AeroContinente. "El proceder injustificado de funcionarios del Estado, al hacer efectivo el cierre de las operaciones de AeronContinente antes de que finalizara el proceso penal valida nuestra demanda", explicó a EFE Dissi.
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