Aunque para las autoridades la introducción de la Ley Bioterrorismo y las Buenas Prácticas Agrícolas conllevan sólo un cambio mental de cultura en los cultivos, los agroexportadores ven incierto el futuro de sus productos.
Francisco Antunes, miembro del Grupo de Agroexportadores No Tradicionales de Panamá (GANTRAP) sostiene que las exportaciones panameñas se estancarán no sólo hacia Europa sino a Estados Unidos producto de los cumplimientos y exigencias que cada día agobian más los costos para los productores.
A criterio del agroexportador hace falta dinamizar la política del gobierno en materia de exportaciones. En ese sentido, dijo que el gobierno debe agilizar los préstamos establecidos a través de la Ley 24 y 25 para el sector exportador.
Sostuvo que el apoyo que ha dado el Estado mediante el proyecto de riego del Arco Seco como una herramienta de trabajo es positiva. Sin embargo, por algunas consideraciones de tipo técnico no está cumpliendo el cometido.
Antunes señaló que la ley 25 asegura la calidad del producto exportable y tiene componentes para apoyar estos procesos. La Ley 24 y 25 contemplan préstamos blandos y apoyo financiero no reembolsable para los productores afectados por contingentes climáticos o distorsiones de los precios y aquellos que buscan invertir en nuevas tecnologías.
En las provincias de Los Santos y Herrera más de 400 agricultores se dedican a la producción de rubros exportables hacia la Unión Europea y EU.
Pero no hay que descartar que los problemas que enfrentan hoy los agricultores de la región azuerense son producto de las malas prácticas que se aplican en el área, en materia de tratamiento de las tierras.
Incluso, expertos internacionales han vaticinado que de seguir con estas malas prácticas, en menos de un siglo la región de Azuero se convertiría en el primer desierto de la región centroamericana.
Las conclusiones de los expertos están basadas en la tala discriminada de árboles que ha venido afectando la calidad y cantidad de las aguas en los ríos, quebradas y lagunas, elementos importantes para el desarrollo de los cultivos de exportación y demás rubros tradicionales.
Sin embargo, no se trata sólo de acondicionar la tierra, sino encontrar los recursos necesarios para aminorar los efectos sobre la producción.
Pues, según Antunes si unos 10 productores se asocian cada uno deberá buscar un préstamo para aportar e invertir individualmente.
Adicional si una finca tiene 70 productores para sembrar unas 3 hectáreas que producen un beneficio social a familias del sector, muchos tendrán que verse en la necesidad de recortar el número de productores.
Las razones entonces son obvias ya que la inversión por hectárea es de arriba de los mil dólares pues para adecuar estas fincas los pequeño empresarios han tenido que acondicionar las instalaciones de sus parcelas con implementos como: depósitos, letrinas sanitarias e implementos para incineración de residuos, esto sólo en la fase de producción.
En la fase de empaque las Buenas Prácticas Agrícolas exigen mallas contra insectos, esterilización de equipo, entre otros.
Y es que tan sólo en la siembra de unas mil a mil 500 hectáreas de productos agrícolas se gastan más de un millón de dólares.
Adicional los productores deberán pagarle a las empresas certificadoras entre $3,000 por año, pero cada visita implica un costo adicional, y esto sólo se refiere a las prácticas exigidas por Europa.
A diciembre del año 2003 de las casi 25 empresas que exportan a Europa alimentos, frutas (melones, sandías, piñas) y vegetales entre 12 a 14 confirmaron estar registradas.