Del lado de las empresas privadas aún luego del cierre de una mina habrán beneficios para las poblaciones aledañas a los proyectos.
En el caso de Minera Panamá el área de impacto será de 1,800 hectáreas de las 13,600 con las que cuenta el proyecto y allí en los “tajos” (hoyos de extracción) luego de la operación se harán cuatro lagos artificiales.
“Estos lagos podrán servir para la industria de pescado o la turística de parte de los lugareños”, destacó Mast.
En tanto del lado de los ambientalistas, Banfield expresa que son las propias personas en las comunidades quienes prefieren otro desarrollo al minero.
“Hablas con la gente y saben que hacer sus pescados fritos, poner hostales, vivir del turismo de la venta de artesanías y demás, le rinde beneficios, lo que ha pasado es que el Gobierno se desvincula del todo para hacer quedar a las empresas como las salvadoras”, denotó Banfield.
Para Mast no es una situación especial ya que “en Canadá, República Dominicana y Estados Unidos se aprecia la minera responsable como una fuente de empleos y de ingresos para los Gobiernos”.
Para Alida Spadafora, directora Ejecutiva de ANCON, “ el dejarle el peso de la resolución de los problemas sociales a las empresas denota la incapacidad de los Gobiernos en dar respuesta”.
