A pesar de que no existe preocupación en la banca, ante los vestigios que pueda dejar la turbulencia generada por la crisis de los Estados Unidos, las autoridades están evaluando la posibilidad de reactivar el Programa de Estímulo Financiero (PEF).
Tanto el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, como el superintendente de bancos de Panamá, Alberto Diamond, durante la semana dijeron, en diferentes eventos, que se está analizando retomar la medida de blindaje financiero.
Durante la divulgación del balance fiscal al primer semestre del gobierno central, Vallarino definió la reactivación del PEF como una opción de salvaguarda para la banca en caso de sufrir los embates de la crisis.
“Los recursos existen y, de ser necesario volver a activar el programa, no dudaremos en tomar esa decisión en caso de emergencia”, enfatizó el funcionario en una rueda de prensa.
Por su parte, el gerente general del Banco Nacional de Panamá, Darío Berbey, manifestó al respecto que, tomando en cuenta la situación en el mercado internacional, Banconal tuvo la iniciativa de proponer la reactivación del PEF a las autoridades de gobierno, que lo consideraron como una buena medida preventiva.
“Estamos dispuestos a reactivar el PEF cuando la crisis de la deuda de los países europeos y de Estados Unidos se extienda, tenga mayores consecuencias y afecte los niveles de liquidez internacional y al sistema bancario, principalmente las fuentes interbancarias de depósitos”, puntualizó el banquero.
Actualmente, los fondos están disponibles; no obstante, el programa se suspendió debido a que la banca local no tenía necesidad de acceder a los fondos, ya que se trata de una medida preventiva que le ofrece una opción adicional al banco que lo requiera.
“Aunque la crisis no se siente de forma directa en Panamá, es importante seguir de cerca lo que ocurre en los mercados internacionales y mantener la cautela”, recomendó Berbey.
Para financiar el PEF ,el banco aportó un capital semilla de 400 millones de dólares. A partir de allí se aprobaron 112 millones de dólares para disposición de los bancos, de los cuales fueron desembolsados 84 millones de dólares.
Los nombres de las entidades que hicieron uso de los recursos no fueron revelados, en base a lo que dicta la ley de confidencialidad.
