Anestesiólogos interpondrán querella ante clínicas privadas

El conflicto que mantienen las clínicas privadas y los anestesiólogos ha ido más allá de los quirófanos.
Luego de varios meses de controversia y de persistir un silencio administrativo por parte del Ministerio de Salud y el Consejo Técnico de Salud, los médicos especializados en la técnica de la anestesiología interpondrán esta semana una querella ante la Procuraduría de la Administración y los tribunales de justicia, para que se resuelvan las diferencias que, a su juicio, las autoridades han preferido dilatar.
Después de reunirse por varias horas en el día de ayer, la Asociación Panameña de Anestesiología decidió que tomarán esta medida, ya que el Ministerio de Salud no ha decidido firmar la resolución que prohíbe el pago del recargo del 50% que se les da a las clínicas por cada paciente que se atiende.
Con la recolección de estos recargos, las clínicas pueden estar cobrando entre 600,000 y 800,000 dólares anuales, con lo que se comprueba, según el análisis de los anestesiólogos, que son ellos quienes corren con muchos de los gastos operativos y administrativos.
Por ejemplo, en una intervención en la que el anestesiólogo cobra unos 1,000 dólares, las clínicas les descuentan unos 720 dólares.
El doctor Ruperto Palma, miembro de la Asociación de Anestesiólogos, indicó que han pasado 4 meses desde que las autoridades médicas debieron resolver el problema con la ratificación de una resolución que ya existe, sin embargo, aún siguen ejerciendo su profesión en medio de un limbo jurídico.
Recalcó que una recomendación de la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, quien luego de ser consultada por el propio ministro de Salud, Fernando Gracia, concluyó que el recargo adicional del 50% que se cobra a los pacientes a su ingreso a la Clínica Hospital Paitilla o a la San Fernando, por el hecho de escoger el médico anestesiólogo de su preferencia, y que éste no esté en las listas de las clínicas mencionadas, va en detrimento de la libre voluntad de decisión a que tiene derecho todo paciente.
En la nota enviada por Fletcher al ministro Gracia, el 25 de mayo, expresa que " esta práctica lesiona y vulnera el libre ejercicio de la profesión de los médicos anestesiólogos".
Además, señala que en virtud de lo que establece la ley, "somos de la opinión que el Consejo Técnico de Salud, sí es competente para conocer sobre el tema de consulta, toda vez que son funciones del consejo, supervisar el ejercicio de las mencionadas profesiones".
Además, que en el artículo 119 se señala que el Consejo Técnico resolverá todo asunto relacionado con el ejercicio, derecho moral, secretos profesionales y honorarios, etc.
Fletcher indicó en una de sus recomendaciones que " nuestro criterio es que el Ministerio de Salud, como máxima autoridad en el territorio nacional, deberá reglamentar lo más pronto posible la aplicación de las medidas sancionatorias a quien impida el ejercicio libre de la profesión a los médicos anestesiólogos".
Palma reconoce que han participado de varias reuniones con las autoridades, "pero al parecer hay muchos intereses de por medio que han impedido que se tome una decisión definitiva".
En tanto, al consultar al presidente del Consejo Técnico de Salud, Esteban Morales, el funcionario se limitó a declarar que evalúan el tema, sin dar detalles de que tan avanzado se encuentran las consultas entre las partes involucradas.
Morales advirtió que por el momento no puede adelantar resultados de las conversaciones, porque "la situación es similar a la de un caballero cuando pide en matrimonio a una mujer; no sabe si aceptará casarse, hasta que no responda que sí".
A pesar de las recomendaciones de la Procuraduría de la Administración, los representantes de la Clínica San Fernando han manifestado que los tribunales de justicia resuelvan las diferencias surgidas con los médicos anestesiólogos, por el pago de recargos que se les cobra a estos profesionales, rechazando la dirimencia del Ministerio de Salud.
Mientras que los médicos aseguran que existe una resolución que no se ha respetado, la Clínica San Fernando se defiende al afirmar que el documento emitido por el Consejo Técnico de Salud es sólo una notificación, ya que el estamento no tendría injerencia para regular los mecanismos que utilizan en la reglamentación de los servicios que brindan.