Mientras los productores de tierras alta de Chiqriquí acuerdan detener el envío de sus productos a nivel nacional,exigiendo la sanción a la modificación a la ley de Aupsa, las autoridades agropecuarias y la Autoridad Nacional de Aduanas anuncian la unificación de criterios para reforzar medidas de control en la importación de alimentos.
Y es que los productores de distintos rubros han denunciado la importación descontrolada de aliemntso, la cual afecta al sector, porqeu según ellos se lleva a cabo incluso en periodo de cosecha.
Por tal razón, además de las modificaciones de la Ley de Aupsa, la autoridades plantean crear cerco fitosanitario y reforzará la evalución de los productos alimentarios previos a la importación.
Arango reiteró que es vital establecer controles, de los contrario no va a ser posible que se estimule la producción nacional si el productor no tiene la seguridad de que contará con un mercado a un precio adecuado y la seguridad sanitaria.
Este último surge, ante las alertas de brotes de un brote de la enfermedad Newcastle en Costa Rica y Nicaragua, así como la fiebre aviar en los Estados Unidos y México, lo que obligó a las autoridades panameñas a poner regulaciones más estrictas.
Arango advirtió que si estas enfermedades entran al país podrán en riesgo la seguridad alimentaria.
En cuanto a las modificaciones a la Ley que creo la Aupsa, señaló que la intención no es afectar los tratados comerciales, sino proteger la producción nacional.
Detalló que en el 2006 cuando se creo la Ley de Aupsa, los EEUU le vendía a Panamá $1,295 millones de los cuales $230 millones eran en productos agropecuarios; a su vez Panamá le vendía 393 millones y $91 dólares en productos agropecuarios.
A la fecha EE.UU vende a Panamá $3,163 millones; 633 en productos agropecuarios, es decir tres veces más, mientras que Panamá le vende $152 millones, es decir tres veces menos y 48 millones en productos agropecuarios.
Es decir, "La Ley de Aupsa ha creado un desbalance extremadamente grande, que ha acabado con la producción nacional", detalló el ministro Jorge Arango.
No obstante, el aspecto social también se ha visto afectado por el tema de las importaciones. Destacó que de los 1,500 privados de libertad, 58% son personas entre 18 y 30 años de los cuales la mayoría son hijos de productores que tuvieron que abandonar el campo.
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