La discusión del proyecto de Ley 621 presentado por iniciativa ciudadana que establece que a partir de enero de 2018, y cada tres años, las pensiones de vejez e invalidez, que se encuentren vigentes, serán aumentadas automáticamente en una suma de $140.00, con excepción de las pensiones de $1500.01 en adelante, ha generado reacciones encontradas toda vez que se establece que los fondos saldrían de los excedentes pagado por el Canal de Panamá.
El proyecto de Ley 621, contempla también una bonificación anual uniforme de cien dólares ($100.00).
Para la economista Maribel Gordón, el 42% de los pensionados y jubilados viven en condicionaes de probreza y el 90%, obtienen pensión por debajo de $600 después de haber generado capacidad productiva para la creación de la riqueza del país.
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"En este país la estructura presupuestaria gubernamental tiende al derroche, gastos suntuarios que deberían destinarse a la atención de las necesidades fundamentales de la población y entre ellos, los excedentes del Canal que la gente se pregunta a qué se destina o quienes benefician", dijo.
Destacó Gordón que hasta ahora, la estructura parece beneficiar a un sector del poder económico que no paga impuesto o los reduce.
"Hay recursos mal utilizados que deberían ponerse a disposición de la mayoría", expresó.
La economista reiteró que otro punto para atender esta necesidad de los jubilados podría ser en vez del derroche a través de planillas discrecionales, destinarlo a este fin que es prioridad.Sin embrago, hay oponentes a este proyecto, toda vez que compromete los excedentes pagados por el Canal de Panamá al Gobierno Central.
