El segundo fondo llamado de microcrédito sería administrado por un fideicomiso y administrado por entidades financieras llamadas operadores de primer piso, las cuales ofrecerían directamente el microcrédito al empresario, en donde los emprendedores y empresarios tendrían acceso a un préstamo para capital de trabajo, compra de activos fijos entre otros.
El tercer fondo sería el "fondo de garantía" que ofrecerá garantía de préstamos bancarios con la banca tradicional aumentando con esto la confianza del sector bancario, que propiciaría el desarrollo de productos como leasing, factoring, líneas de crédito, refinanciamiento de deuda y cartas de crédito.
El cuarto fondo es el de asistencia técnica el cual permitiría invertir en dos direcciones, una en el desarrollo de emprendedores a través de programas de fortalecimiento del recurso humano y la innovación de información y comunicación.
Y la otra dirección en la que se invertiría el fondo sería en el desarrollo y fortalecimiento de los operadores de primer piso, es decir a las cajas rurales, a las ONG, cooperativas, bancos de microfinanza y, las financieras.
Además de los fondos señalados la ley busca fortalecer a la Ampyme para que impulse una mayor generación de empresas dentro de las actividades comerciales, industriales o de servicios que se demandan.
Con este sistema el beneficio sería integral, ya que habría fondos disponibles, operadores de microcrédito que van a conseguir muchos empresarios para prestarle y muchas personas van a tener la facilidad de obtener un préstamo para poner su negocio. Esta va a ser la diferencia entre vivir pobre y salir de la pobreza.
Panamá es el único país de América Latina que no tiene una ley especial de microcrédito, por esto es fundamental desarrollarla lo más pronto posible.
