El Gobierno catalán ha aprobado un nuevo decreto con el fin de establecer el procedimiento para atorgar las autorizaciones de utilización confinada y liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente (OMG) en todo lo que es competencia de la Generalitat de Cataluña.
El nuevo decreto establece también medidas para el desarrollo de la vigilancia y el control de las actividades autorizadas y de los organismos o los productos ya comercializados que contengan OMG y que deriven de ellos, así como imponer las sanciones que sean necesarias.
Se entiende por utilización confinada cualquier actividad por la que se modifiquen genéticamente unos organismos o por la que estos organismos modificados genéticamente se cultivan, almacenan, utilizan, transportan, destruyen o eliminan, utilizando para ellos medidas específicas de confinamiento para limitar el contacto con el conjunto de la población y el medio ambiente.
Así, para realizar cualquier operación con estos organismos o utilizar por primera vez instalaciones específicas para estas actividades se tendrá que comunicar al Departamento de Agricultura, Pesca y Ganadería catalán. En el nuevo decreto se crea además la Comisión Catalana de Bioseguridad, órgano consultivo de la Administración encargado de recibir, analizar y evaluar las solicitudes con carácter previo a la autorización de cualquier actividad con OMG para que su uso no suponga un riesgo para la salud humana ni para el medio ambiente. El objetivo de la Comisión es poder resolver las solicitudes de utilización confinada, de liberación voluntaria así como de llevar a cabo la vigilancia del comercio de una manera ágil e inmediata, bajo la visión del territorio, con la participación de todos los departamentos implicados.
Es por lo arriba explicado que las empresas de distribución tienen que recuperar el dinero pagado a las empresas generadoras, declaró Barranco.
Recientemente la empresa de distribución eléctrica, aseguró que no se hará efectivo el aumento de su costo previsto para el previsto para el próximo primero de julio.
En este sentido, el Gobierno absorberá la diferencia del costo real de las tarifas, aplicando mecanismos de compensaciones económicas que negocia con las empresas.
