Con la autorización de un aumento en las tarifas para grandes usuarios de electricidad y gas, el Gobierno de Argentina resolvió ayer un antiguo frente de conflicto con las concesionarias y los organismos multilaterales de crédito.
El ajuste formaba parte de las exigencias planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo de los Siete (G-7) países más poderosos del mundo en medio de la complicada negociación del pago de la deuda argentina en mora con acreedores privados.
Al confirmar el alza tarifaria, el Ejecutivo que preside Néstor Kirchner destacó que "es adecuada" y "tiene un carácter progresivo", ya que no alcanza a los sectores medios y bajos de la población ni a los pequeños comercios.
El incremento, que oscila entre el 15 y el 35%, es el primero que se aplica luego de la devaluación del peso argentino de comienzos de 2002, cuando las tarifas de los servicios públicos quedaron congeladas por decisión del Gobierno.
El jefe del gabinete de ministros, Alberto Fernández, dijo que con estos aumentos "se reordena en gran medida" el retraso sobre el que venían advirtiendo las empresas concesionarias, que en su gran mayoría están en manos de capitales extranjeros.
"Hemos logrado llevar adelante un plan de incremento tarifario que de ningún modo afecta a los consumidores particulares", señaló en una rueda de prensa el funcionario, para luego precisar que "ninguna vivienda va a sufrir aumentos de electricidad ni de gas".
En el caso de la luz, el ajuste se aplica desde el comienzo de este mes y abarca a usuarios que consuman más de 10 kilovatios/hora mensuales, como industrias, supermercados, centros de compras y bancos, explicó el secretario de Energía, Daniel Cameron.
Añadió que mientras para "los medianos industriales" la subida será de entre el 15 y el 18%, los "productores y exportadores de materias primas" sufrirán un aumento que va del 30 al 35%.
Sobre el gas, Cameron explicó que el alza comenzará a regir a partir del próximo domingo para los consumos superiores a los 9,000 metros cúbicos mensuales y dijo que la escala "será una réplica" de la utilizada con las tarifas eléctricas.
Según el ministro de Planificación, Julio de Vido, los aumentos "deberían ser absorbidos por las empresas" y no trasladarse a los costos de los productos, ya que "en el 90% de los casos se trata de exportadores".
El Gobierno de Kirchner, que llegó al poder en mayo último, venía sosteniendo que sólo analizaría posibles alzas tarifarias en el marco de la renegociación de los contratos de concesión, un proceso que concluirá a finales de este año.
Por su parte, varios consorcios extranjeros con participación en empresas locales que fueron privatizadas durante la década pasada demandaron al Estado argentino ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones, que depende del Banco Mundial.
Las compañías argumentan que han sufrido grandes perjuicios económicos a raíz de la conversión a pesos de las tarifas establecidas por contrato en dólares cuando regía la paridad entre ambas monedas, que estuvo vigente entre 1991 y 2002.
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