El Gobierno de Argentina aclaró ayer que la decisión de continuar la gestión estatal en el correo, tras la rescisión del contrato del operador privado hace más de un año, no constituye el comienzo de una nueva política para reestatizar los servicios públicos.
"El del correo Es un caso puntual y yo no sacaría de esto una consecuencia de que vamos a una modificación de la propiedad en otras actividades", señaló el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
Tomada amplió así la información dada el viernes del ministro de Planificación, Julio de Vido, quien mostró un superávit de 33 millones de dólares en la nueva etapa estatal del servicio postal y afirmó que "por el momento", el Gobierno no considera volver a privatizarlo pese a que antes había dicho que lo haría.
"Por el momento, no está siendo considerada la posibilidad de volver a privatizar el correo por la excelente gestión y por los resultados", dijo De Vido en relación con el período de noviembre de 2003 a diciembre de 2004.
El presidente del Correo Argentino, Eduardo Di Cola, informó a su vez que en ese período hubo ingresos por 590.2 millones de pesos y egresos por 480.3 millones, con un saldo de 99 millones (33 millones de dólares).
Tomada agregó que el caso del correo "es muy particular por el fuerte incumplimiento que se sufrió cuando estaba en manos de los anteriores concesionarios".
"Es una demostración de que algunos entes en manos del Estado pueden funcionar adecuadamente", subrayó.
El Gobierno del presidente Néstor Kirchner decidió el 19 de noviembre de 2003 la rescisión del contrato de concesión del servicio postal básico y universal al poderoso grupo Macri, a raíz del incumplimiento en el pago del canon al Estado y la quiebra de la empresa.
El Gobierno había establecido un plazo de 180 días para volver a adjudicar la compañía a un inversionista privado y se hizo cargo del servicio durante el período de transición, pero luego decidió postergar sin fecha el nuevo proceso de privatización.
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