El Gobierno argentino llamó ayer a la "responsabilidad" a los acreedores privados con los que Argentina quiere renegociar para salir del cese de pagos vigente desde fines de 2001, y les pidió no obstaculizar el crecimiento del país.
En declaraciones a varias emisoras de radio, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se refirió a la propuesta que Argentina hará para reestructurar una deuda en mora por unos 96,000 millones de dólares.
Las líneas maestras de la propuesta, que, según el ministro de Economía, Roberto Lavagna, va a provocar inicialmente "caras largas en varios idiomas", se conocerán dentro de dos semanas en Dubai durante una reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI).
"La obligación del mundo que es acreedor es ayudarnos a que el país siga creciendo", dijo el jefe de gabinete del presidente Néstor Kirchner, quien, al igual que hizo ayer el titular del Banco Central, Alfonso Prat-Gay, pronosticó que el Producto Interior Bruto (PIB) crecerá este año por encima del 6%.
Fernández insistió hoy en instar a los acreedores privados a tener "responsabilidad para no obstaculizar la senda de crecimiento" por la que transita Argentina después de una larga recesión. "Siempre nos gobierna el objetivo -dijo- de que todo acuerdo con nuestros acreedores no postergue el levante que ha tenido la economía".
Fernández volvió a referirse al acuerdo de tres años al que llegaron Argentina y el FMI esta semana, que permite reprogramar vencimientos de deuda con organismos internacionales por 21,610 millones de dólares hasta el 2006, para desmentir que vaya a haber pronto un aumento de las tarifas de los servicios públicos, en manos privadas desde la década de los años 90.
"Definitivamente no hay ningún aumento de tarifas", subrayó y también descartó que el Gobierno vaya a compensar a los bancos por medidas tomadas en consonancia con la devaluación del peso, que se produjo al abandonar la paridad cambiaria con el dólar en 2002.
Fernández subrayó que antes de pensar en autorizar aumentos de tarifas, el Gobierno quiere revisar todos los contratos de concesión, porque "el problema de los servicios públicos debe ser analizado como un todo".
"El tema de las tarifas debe analizarse en un contexto, donde en paralelo al resultado económico se vea el nivel de inversión, la calidad del servicio y la satisfacción del usuario", dijo.
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