El Gobierno argentino puso en marcha ayer el proceso de revisión de los contratos de privatización de los servicios de electricidad, gas y aguas, entre otros, una de las condiciones puestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renovar el auxilio financiero al país.
La creación de una "Unidad de renegociación y análisis de contratos" que se encargará de revisar las concesiones de servicios, quedó oficializada ayer al salir publicada en el Boletín Oficial. "Es menester avanzar en el proceso de renegociación" para lo cual es necesario "unificar la continuidad de las negociaciones" en el ámbito de la nueva unidad, señala la norma. Argentina enfrenta más de 20 querellas, por más de 3.000 millones de dólares, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que depende del Banco Mundial.
Las empresas denuncian a Argentina por la ruptura de los contratos, firmados durante la década de los 90 en plena convertibilidad con paridad cambiaria uno a uno entre el peso y el dólar. Los contratos establecían tarifas dolarizadas que se indexaban según la inflación de EU.
La puesta en marcha de la comisión de revisión fue anunciada por los ministros de Economía, Roberto Lavagna, y de Planificación Federal, Julio de Vido, quienes anticiparon que se analizarán 61 contratos, para lo cual la unidad tendrá plazo hasta el 31 de diciembre de 2004.
De Vido aclaró que los incumplimientos en materia de inversión "no necesariamente" serán causal de rescisión de los contratos. "No es el espíritu de la medida", aseguró.
No obstante, advirtió que "nadie puede argüir problemas para la provisión de servicios, ya que los contratos obligan a las empresas a proveerlos".
Las concesiones que quedarán bajo la lupa de la unidad de revisión son las de agua potable, cloacas, electricidad, gas, transporte automotor y ferroviario, ferroviario de cargas, servicio portuario, vías fluviales por peajes y concesionarios viales.
Lo novedoso es que se revisarán también la concesión de Aeropuertos Argentina 2000 y del Correo Argentino, en manos de firmas argentinas, en una negociación que hasta ahora iba por otras vías.
Los dictámenes de la comisión renegociadora serán puestos a consideración del Parlamento, que tendrá 60 días para aceptarlos o rechazarlos, pero no podrá modificarlos.
