El Banco de España no pidió a las autoridades de Jersey información alguna sobre las operaciones del BBV Privanza en la isla en los 14 meses que estuvo investigando la entidad.Así lo asegura Richard Pratt, director general de la Comisión de Servicios Financieros, que regula la actividad bancaria en este dominio británico. Pratt sostiene que fue la propia Comisión la que, tras conocer el escándalo de las cuentas secretas por la prensa, pidió al Banco de España información que pudiese servir a las autoridades de Jersey para hacer su propia investigación. Por ahora no ha obtenido respuesta.
Pratt asegura que las autoridades judiciales y administrativas de la isla están dispuestas a colaborar con España para esclarecer el caso. El único escollo es que la comisión rogatoria remitida a la Fiscalía General de Jersey por el juez Baltasar Garzón no ofrece datos suficientes de las presuntas operaciones realizadas a través de la sede de Privanza ni pruebas para establecer una base razonable de imputación.
La petición de ayuda del magistrado «ni siquiera hacía referencia a las informaciones que han ido publicando los periódicos» y que pueden dar lugar a pensar que, efectivamente, algunas personas relacionadas con el banco incurrieron en conductas delictivas.
Su lectura de la situación coincide con la del fiscal general de Jersey, William Bailhache, quien ha anunciado que sólo colaborará en la investigación judicial abierta en España si el juez le remite nuevos datos. Su negativa se sustenta en la legislación de Jersey, que establece que el fiscal debe estar «convencido de que existen fundamentos suficientes para sospechar que se ha cometido un delito antes de dar una orden que, en la práctica, invade el derecho a la intimidad de que gozan las instituciones financieras y sus clientes, según la Convención Europea de Derechos Humanos».
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