La polémica en torno al cobro de intereses preferenciales por parte de las entidades crediticias al Estado en viviendas donde no aplicaba el subsidio es un asunto oficial entre la Dirección General de Ingresos (DGI) y los bancos investigados, indicó el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Mario De Diego.
“La DGI no ha tenido ninguna comunicación conmigo y la verdad es que no veo por qué razón debe tenerla, ya que se trata de un asunto oficial entre la DGI y los bancos investigados”, aseguró De Diego.
Advirtió que desconociendo la información que tenga la DGI, sí puede enviarle una sugerencia y es que a menos que todos los bancos estén incurriendo en irregularidades, la medida debe adoptarse solamente para aquellos que las estén cometiendo y no afectar a los que manejan el programa de manera correcta.
El vicepresidente ejecutivo de la ABP informó que siendo la directora de Ingresos, Gisela de Porras, sucedió algo quizás similar y “digo quizás porque no conozco las interioridades del asunto actual, pero creo que está en la misma línea que el anterior”.
Según De Diego, esta situación dio lugar a una serie de reuniones entre funcionarios de la DGI con funcionarios de bancos miembros afectados, con el propósito de aclarar algunas dudas y confusiones, ya que al parecer en aquella ocasión muchos de los casos eran resultado de interpretaciones variadas de disposiciones que no estaban claras ni en la ley ni en los reglamentos.
En aquella ocasión, apunta el banquero, que le dijo a la directora Porras que debía suspenderle las solicitudes a los bancos que hubieran cometido irregularidades y que la DGI había identificado, y no suspendérselo a todos los bancos, porque no pensaba que todos los bancos habían cometido irregularidades.
Al final de las reuniones, se llegaron a acuerdos acerca de la aplicación de los descuentos por subsidios en base a interpretaciones que fueron aclaradas y la aceptación de la DGI que tanto la ley como los reglamentos contenían disposiciones que se prestaban a interpretaciones. En ese momento, la DGI adoptó una serie de disposiciones reglamentarias, incluyendo formularios, que a partir de entonces los bancos debían cumplir.
Gobierno.
Por su parte, el director general de Ingresos, Luis Cucalón, dijo que algunos bancos incumplieron y tienen que devolver la plata que se le dio de más por aplicar el interés preferencial sobre el monto de la propiedad y no sobre el monto del préstamo.
“Lo que estamos diciendo a los bancos es que devuelvan lo que el Estado les pagó de más, lo que reclamaron a sabiendas de que no tenían derecho, y el Gobierno de buena fe se los dio. Me imagino que ahora ellos se van a voltear a los clientes a decirles mira lo que está haciendo el Gobierno, ahora tú me debes tanto, pero la culpa no es del Gobierno, es que estamos aplicando la ley”, aseguró.
Cucalón resaltó que si los bancos o las promotoras por colocar más hipotecas se dieron al “juegavivo” de la interpretación que quisieron, entonces, “yo mucho lo siento por los clientes”, esto lo tienen que pagar los bancos, pero yo estoy seguro de que esto se lo van a cobrar a los clientes.
“Esta situación no es culpa de nosotros y quizás los clientes también fueron una víctima del apuro de los promotores y los bancos de colocar hipotecas. Me imagino que quienes se sientan afectados pueden acercarse a la ACODECO”, reiteró el director general de Ingresos.
