A pesar que los banqueros panameños desconocen el proyecto de ley para reformar la Ley que regula la banca en Panamá, afirman que bajo ninguna circunstancia permitirán que se elimine de la legislación el secreto o confidencialidad bancaria.
Además, ninguna operación que los banqueros y clientes consideren que son viables y en donde tiene que haber discreción entre parte y parte, "continuará siendo confidencial y no se va a divulgar", manifestó categóricamente el presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Juan Antonio Niño.
A través del Decreto de Ley 238 del 2 de julio de 1970 se regula la actividad bancaria en el país, en donde operan unos 108 bancos, 62 de licencia general, 27 internacional y 19 de representación.
Las reformas a esta ley salen a relucir luego que el Gobierno publicara un borrador sobre el tema, que posteriormente recibió una serie de recomendaciones de los banqueros locales.
Niño afirmó que no ha recibido presión de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) para eliminar el referido secreto bancario.
Este instrumento "es una parte integral de las prácticas bancarias exitosas que ha tenido Panamá y lo vamos a mantener, porque a nadie le interesa lo que otros tienen en los bancos", expresó algo alterado el presidente de la ABP.
Agregó que "no hay secreto bancario para operaciones de lavado de dinero producto del narcotráfico, eso es categórico y continuará así".
La confianza del banquero fue absoluta al manifestar que no hablaría sobre los efectos que provocaría la eliminación de esta disposición "porque no va a pasar, olvidémoslo...porque continuará".
Por su lado, Mario De Diego, director ejecutivo de la Asociación Bancaria, señaló que hay mucho hermetismo en cuanto al trabajo que adelanta la Comisión Presidencial que elabora el proyecto de ley bancaria y no sabe si concluido el documento, se lo den a revisar o sea aprobado directamente sin consulta previa.
De Diego, al igual que Niño, duda que en el documento se diga algo que atente contra lo que se conoce como secreto bancario o sea un borrador en donde sólo se restructura la capacidad de la supervisión bancaria por parte de la Comisión Bancaria Nacional.
A su parecer, "la eliminación del secreto no ayudaría en nada a Panamá ni al sistema bancario, en vista que su aplicación ha contribuido al desarrollo del sistema".
La Asamblea Legislativa otorgó al Organo Ejecutivo, facultades extraordinarias para establecer normas relativas al marco regulatorio del régimen bancario, derogando íntegramente las disposiciones del Decreto 238.
Su objetivo, según se expresa en el documento informativo del Estado (Gaceta Oficial), es para modernizar el marco jurídico, así como la ordenación general y supervisión de sus actividades, adaptando la legislación nacional a tendencias internacionales modernas, que garanticen un mayor índice de eficiencia y confiabilidad en el desenvolvimiento de este sector.
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