Cable & Wireless y Bell South reaccionaron enérgicamente contra la propuesta del legislador y Primer Vicepresidente de la República, Arturo Vallarino de introducir una adición al artículo 36 de la ley 31 de 1996 que, de acuerdo sus más altos ejecutivos, equivale a una violación de sus contratos que podría desembocar en sendas demandas por millones de dólares contra el gobierno.
La adición de Vallarino expresa textualmente: "Los operadores de tipo B podrán utilizar cualquier equipo programación, y tecnología en la prestación de los servicios de telecomunicaciones,siempre y cuando se limiten a prestar sus servicios utilizados solamente las frecuencias del Espectro Radioeléctrico asignadas a las concesiones tipo B . Esto no podrá afectar los derechos de otros concesionarios de telecomunicaciones".
Detrás del texto aparentemente técnico de la innovación legal se escondería una estrategia para permitir que operen sistemas de celulares, otras empresas de radios troncales sin licitación y sin pagar un centavo, según comentarios que circulan en los medios de telecomunicaciones.
Guillermo Inchausti, gerente general de Bell South, en declaraciones a