El Banco Mundial (BM) presentó el martes los resultados del informe sobre la observancia de normas y códigos (ROSC, por sus siglas en inglés) de las prácticas contables y de auditoría de Panamá y realizó algunas recomendaciones donde la actividad presenta puntos débiles.
Se prevé que luego de este diagnóstico, se elabore un plan de acción para el país bajo la tutela del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con la asistencia del BM y de otros socios para el desarrollo.
Este informe se realizó con el propósito de impulsar un contexto de negocios en Panamá más propicio para la inversión privada y para promover la gobernabilidad y transparencia financiera tanto en el sector público como en el privado.
Una de las sugerencias al sector público panameño que se desprende del estudio es la modificación del código tributario y las regulaciones de la Dirección General de Ingresos.
La modificación consiste en adaptar los umbrales de auditoría reglamentaria y los requisitos del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (NIIF) con el fin de que las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) no queden sometidas a obligaciones excesivamente onerosas.
Esto obedece a que los niveles de los límites actuales imponen una carga poco realista a las entidades relativamente pequeñas. Adicional a que la oferta de contadores capacitados en las NIIF no es suficiente para satisfacer la demanda, incluso si las empresas cumplieran plenamente la ley.
El informe advierte que un conjunto simplificado de normas facilitará que las “pymes” puedan mejorar la calidad de su información financiera y, en definitiva, el empleo de dicha información para acceder al crédito.
Otra de las sugerencias de la entidad crediticia es que, si bien actualmente es optativo para las empresas presentar sus estados contables en el registro público, Panamá debería considerar la posibilidad de que sea obligatorio.
El BM detalla que la existencia de estados contables disponibles públicamente es de utilidad para el desarrollo de las agencias de informes crediticios y facilita el análisis multisectorial por parte de las instituciones financieras y demás usuarios.
El informe destaca que igualmente las empresas públicas deberían estar sujetas a auditorías externas obligatorias realizadas de conformidad con las Normas Internacionales Auditoría (NIA); asimismo, los resultados de dichas auditorías deberían publicarse.
En este sentido, Henri Fortin del BM insistió en que es sumamente importante que todas las empresas estatales realicen las auditorías de sus estados financieros con una firma de contadores públicos independientes, tema que hay que discutir con la Contraloría. “El Estado debe dar el ejemplo, porque aunque se plantea como una entidad independiente es gubernamental”.
Referente a la recomendación de que deben unificar los esfuerzos bajo un sólo organismo, el experto del BM dijo que aunque no opina si debe o no existir una Junta Técnica de Contabilidad, ente adscrito al Ministerio de Comercio e Industrias, advierte que, si existe la misma, debe cumplir un papel protagónico, que es darles la capacidad institucional y los recursos que necesiten.
Por su parte, el presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, José Daniel Mackenzie, manifestó que no es necesario unificar las cuatro asociaciones existentes, puesto que la Junta Técnica de Contabilidad (JTC) tiene presencia de todas agrupaciones, sólo falta que ejerza el liderazgo en el tema y sume al sector público.
