No es fácil la negociación, pero la Unión Europea (UE) y los ocho países latinoamericanos exportadores de banano buscan acabar un contencioso comercial que lleva más de 10 años y que ha contado con sucesivas victorias pírricas de los americanos, porque los europeos no han respetado los dictámenes de la Organización Mundial de Comercio (OMC), de acuerdo con el viceministro de Negociaciones Económicas Internacionales de Panamá, Francisco Álvarez De Soto.
La UE aplica desde 1999 a las exportaciones latinoamericanas de banano un “arancel ilegal”, según lo ha dictaminado la OMC en varias ocasiones, de 176 euros (255 dólares) por tonelada métrica para favorecer a sus antiguas colonias del África, Caribe y Pacífico (ACP).
Esto “ha resultado en un subsidio cruzado porque lo que pagamos los latinoamericanos ha financiado a esos países para que eleven su calidad”, acotó Álvarez.
Ese es el escenario de la que se espera sea la última “guerra del banano” (la anterior fue en los años 70 cuando la Unión de Países Exportadores de Banano plantó su posición ante las trasnacionales bananeras).
Álvarez explicó a Panamá Américaque en la negociación actual a su país le interesa que la UE acepte por escrito todos los fallos de la OMC que la sancionan por aplicar un régimen que ha distorsionado “injustamente” el comercio del banano.
Condiciones.
“Aceptamos una desgravación gradual, en una escalera en el tiempo, pero no puedo decir en cuántos años, porque eso es materia de las conversaciones”, aunque el 2010 es el año para iniciarla, aclaró.
La postura de Panamá pasa por el derecho a la reclamación ante la OMC, si se viola el acuerdo.
“El punto es muy sensible, nosotros queremos garantías por escrito de la Unión Europea que si alguna de las partes viola el acuerdo se puede acudir al órgano de solución de controversias de la OMC”, señaló.
Esto porque -detalló- en la propuesta europea se incluye la condición de que los países latinoamericanos no volverán a reclamar nada al respecto.
“Panamá no ve en ninguna norma de la OMC que sea aceptable una renuncia expresa a los derechos del país”, dijo.
