La empresa de telecomunicaciones Cable & Wireless adoptó la decisión irreversible de no polemizar en los medios de comunicación social con el abogado y político Guillermo Cochez, quien interpuso una denuncia pública por la existencia de supuestos bienes ocultos del Estado en poder de la empresa británica.
Un vocero autorizado aseguró a El Panamá América que la empresa se rige en base a una política informativa y que como empresa privada panameña no está dispuesta a discutir su gestión administrativa en periódicos, emisoras y revistas.
Para Cable & Wireless está muy claro que en 1997 pagó casi 700 millones de balboas dentro del proceso de privatización que incluía la administración y operación del sistema telefónico, mediante un contrato con la nación que el abogado Cochez sostuvo no contaba con el refrendo de las autoridades del gobierno de Ernesto Pérez Balladares.
Cable & Wireless dio a conocer la copia auténtica de una nota del Contralor General Alwin Weeden dirigida al abogado Carlos Cordero en la que certifica que el ex contralor Aristides Romero, fallecido, sí referendó el contrato de administración y operación del sistema de telecomunicaciones.
En cuanto a unas auditorías mencionadas por el legislador Wigberto Quintero, se precisó que se trata de una documentación que forma parte de un borrador inicial que estuvo sujeto a los descargos de los administradores citados. De acuerdo a la empresa, estas investigaciones son rutinarias y se hacen a solicitud de la propia compañía interesada en verificar si los controles internos realmente están siendo efectivos y eficientes.
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