La situación de calamidad pública decretada en Río de Janeiro, a mes y medio de las Olimpiadas, ha destapado el agujero del estado y ha acentuado la preocupación de organizaciones civiles sobre los riesgos que los recortes pueden suponer para celebración de los Juegos.
Amenazado por la quiebra, el Gobierno de Río de Janeiro declaró el viernes el estado de calamidad pública en sus finanzas como estrategia para cumplir sus compromisos con los Juegos Olímpicos, que serán inaugurados el próximo 5 de agosto.
El objetivo, lograr fondos para concluir las obras olímpicas y adoptar medidas excepcionales, como la obtención de préstamos y la firma de contratos sin concurso público.
Tras la declaración, el estado de Río podría conseguir hasta 3,000 millones de reales (unos 840 millones de dólares) de fondos federales para avanzar en los proyectos inconclusos, como la nueva línea del metro.
Decreto
El decreto no resuelve el problema y el gobernador interino, Francisco Dornelles, ha reconocido que "se tomarán medidas duras".
Para la Federación de las Industrias, la declaración de estado de calamidad debe ser "complementada" con venta de activos.
