Los indicios de una posible retirada israelí de los territorios palestinos restauró ayer la calma en los mercados mundiales de crudo, al día siguiente que la suspensión de las exportaciones iraquíes elevara los precios del combustible.
Los precios de los contratos para entrega en mayo de la mezcla Brent bajaron 45 centavos el barril a 26.57 dólares en Londres. Los contratos de crudo de bajo contenido sulfuroso bajaron 34 centavos a 26.20 dólares el barril en Nueva York.
Los precios llegaron a subir el lunes un 6% después que el presidente iraquí Saddam Hussein anunció que suspendió las exportaciones de crudo por 30 días o hasta que Israel se retire de los territorios palestinos.
Una disputa política en la empresa Petróleos de Venezuela empeoró la situación. Grupos gremiales y empresariales venezolanos realizaron el martes una huelga nacional en respaldo de los trabajadores disidentes de Petróleos de Venezuela, deteniendo las exportaciones de crudo de la empresa.
Este mercado es volátil y muy sensible a cualquier tipo de noticia"", afirmó Hans Redeker, director de investigaciones globales monetarias de BNP Paribas.
Presionada por Estados Unidos, Israel se retiró ayer de dos aldeas cisjordanas, aunque sus soldados ocuparon otras áreas palestinas y combatieron con los milicianos palestinos.
Los mercados se animaron ante la falta de declaraciones de respaldo al embargo de Irak por parte de Irán, el segundo productor más importante de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
Chávez afirmó sin tapujos que en su país hay "una guerra mediática" para valorar todo, por ejemplo, la participación en la huelga, que ha sido un "fracaso" para el gobierno y un "éxito" para los organizadores.
"Los canales privados mandan las cámaras y periodistas a donde no hay casi gente", manifestó Chávez en una de sus intervenciones del día, mientras dos abogados introdujeron un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra las llamadas cadenas.
Lo que el Ejecutivo considera un derecho contemplado por la ley se convierte, para los afectados, en "un abuso" de autoridad.
Los abogados Nelson Chitty La Roche y Máximo Febres consideran que las cadenas son para "actos oficiales, de estado o de gobierno", pero ello no justifica que se practique "el ejercicio del poder sin límite", que es contrario, a su entender, a la Constitución, algo que debe ser interpretado por el TSJ para sentar jurisprudencia.
Los canales de televisión privados reaccionaron formando su propia cadena contra el nuevo formato de difusión de mensajes oficiales y durante la jornada adoptaron por dividir la pantalla en dos, un lado con la información gubernamental y otro con la suya propia.
"Consideramos que la transmisión en cadena es expresión de un abuso de poder y de una extralimitación de funciones por parte del Ejecutivo", señalaron en un texto transmitido en cadena.
Desde que llegó al poder, en febrero de 1999, Chávez ha utilizado con asiduidad el medio televisivo para exponer sus programas políticos, planes de gobierno y para promocionar su ideal revolucionario.
Los medios idóneos para la difusión oficial son los del estado, Venezolana de Televisión y la Radio Nacional, además de la agencia Venpres, en el ojo del huracán tras un reciente escándalo por un artículo de opinión sobre periodistas narcotraficantes difundido a sus abonados.
Lo que más se le critica a Chávez no es que use los medios del Estado para sus propios fines, sino que utiliza la ley para ocupar cada vez más los medios privados, perjudicando notablemente sus audiencias y sus ingresos por publicidad.
Jessy Chacón, director de CONATEL, la institución autónoma del Estado que concede las frecuencias de emisión, manifestó por radio que "los medios (privados) están obligados a transmitir los mensajes" del poder ejecutivo, arriesgándose a sanciones e incluso su cierre si no cumplen la normativa.
El Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín, consideró que "existe una guerra mediática: los ciudadanos tienen que soportar por un lado que el gobierno les ponga las cadenas y por el otro (los medios privados) que les den una sola versión" y agregó que "ambos censuran y ponen la información que ellos quieren".
Levy Benshimol, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, manifestó a EFE que las cadenas "atentan contra el derecho de la información", y "Chávez ha abusado de ellas", violando el artículo 58 de la Constitución, sobre información plural, imparcial, oportuna y veraz.
Fernando Barrientos, asesor legal de la CTV, subrayó el carácter abusivo de la iniciativa gubernamental, cuyo único fin ha sido "decir cualquier cosa en contra del paro".
Empresarios protestan por numerosas cadenas oficiales durante paro en Venezuela
Dirigentes de la opositora cúpula empresarial Fedecámaras protestaron ayer por las numerosas transmisiones oficiales en cadena de radio y televisión durante el paro general de este martes, convocado por esa organización y por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).
"Esto es intolerable", dijo Juan Rafalli, asesor legal de Fedecámaras, al cuestionar las cadenas que obligan a las emisoras y televisoras a cortar sus programaciones y sumarse a la transmisión oficial.
Rafalli dijo que, según las leyes vigentes, el gobierno sólo puede hacer "cadenas" para transmitir alocuciones del presidente, vicepresidente y sus ministros, e instó a los medios a negarse a "encadenarse" si se transmite otro tipo de cosas.
En la última de estas transmisiones en cadena, emitida hacia las 13H00 local (17H00 GMT), las empresas televisivas dividieron sus pantallas entre las imágenes de la ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, y su programación del momento: entrevistas, muestra de las calles de Caracas o letreros protestando contra las excesivas cadenas.
En Venezuela, el espacio radioeléctrico es del Estado venezolano que lo cede en concesión a las televisoras y emisoras, con las restricciones que establece la ley, entre ellas la obligatoriedad de sumarse a las transmisiones oficiales.
"El abuso viene en el mismo momento en que el medio lo permite", dijo Rafalli, quien llamó a la Defensoría del Pueblo a que intervenga para impedir al Gobierno usar su poder para limitar el derecho a la información sobre el paro.
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