La Cámara de Minería de Ecuador (CME), que representa a más de cien socios del sector, considera aceptable que en los futuros contratos de explotación el Estado se quede con el 53% de la renta minera, como ha propuesto el Ejecutivo, según dijo el presidente de la entidad, Santiago Yépez.
“Un 53% sería justo. Por lo que llegar a este acuerdo podría ser interesante. Debemos trabajar conjuntamente. Pretender que el Estado se lleve el 99% de la riqueza sería ingrato para el sector", remarcó Yépez.
La Constitución de Ecuador determina que el Estado debe obtener más de la mitad de la renta de las explotaciones de recursos no renovables, por lo que el pasado agosto el presidente del país, Rafael Correa, señaló que se analizaba si el 53% era la cifra adecuada.
Según Yépez, este porcentaje sería aceptable para un sector que lleva a cabo “grandes inversiones de riesgo" .
El Gobierno pretende implantar la minería a gran escala en el país y dejar así de depender de las exportaciones de petróleo.
El sector sufrió un importante cambio a raíz de la Ley de Minería de 2009, que contó con la oposición frontal de indígenas y ecologistas, y causó la derogación de unas 3000 concesiones en busca de crear “un marco (de explotación) más estricto”, dijo Yépez.
Yépez valoró esa ley, aunque dijo que para conseguir un permiso de explotación “no hay suficiente interacción” y falta “un criterio uniforme” entre organismos encargados .
Esto implica que obtener permisos no sea “ágil”, ya que para el trámite se deben conseguir “13 o 14 documentos”, según explicó el presidente de la Cámara de Minería de Ecuador.