La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), se unió al llamado de otros gremios que piden al Gobierno que ejecute soluciones para enfrentar la sequía.
Según la Cciap, el país enfrentará en los próximos meses a una temporada seca que amenaza con tener entre 50% y 60% menos precipitaciones que el promedio registrado en años anteriores, lo que podría generar un grave impacto en el abastecimiento de agua potable para la población, el sector agropecuario, energético y el funcionamiento del Canal de Panamá, una crisis que solo se mitigará a corto plazo con una cultura de ahorro de todos como consumidores.
Los empresarios señalan que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) han realizado inversiones millonarias para mejorar la oferta de agua al país, mientras los productores y ganaderos requieren apoyo para que no corra riesgo la seguridad alimentaria nacional.
Sin embargo consideran que es urgente que el Gobierno, tal como lo mencionó el Presidente en su informe a la Nación, analice y ejecute soluciones a mediano plazo como el embalse en la cuenca de Río Indio, a fin de garantizar el funcionamiento del Canal y el abastecimiento del sector Oeste, así como la incorporación de la reserva del lago Bayano, para el abastecimiento del sector Este de la ciudad de Panamá.
La Cámara de Comercio instó a las autoridades a acelerar el paso en la ejecución de estas medidas y reiteró la disposición del gremio en apoyar a las instituciones gubernamentales, en el planteamiento de una política de Estado que atienda a mediano y largo plazo este importante asunto.
"Es inaceptable que, en un país con envidiable crecimiento como el nuestro, existan cientos de panameños que no reciben el vital líquido, mientras hay quienes lo despilfarran, sin recibir sanciones ejemplares. El consumo irracional e irresponsable debe costarle al usuario que incurra en ello", expresó la Cciap.
De acuerdo con los empresarios somos víctimas de una inadecuada conducta ciudadana, de una elevada morosidad de un servicio público por el cual pagamos con un sistema tarifario que no se revisa desde 1983, así como de una red de producción y distribución que, al no modernizarse a la par de la metrópoli, desperdicia más de la mitad del agua.
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