El viceministro de Finanzas Dulcidio De la Guardia se comprometió a rectificar las normas de la reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo en cuanto al sector marítimo, informaron fuentes de la reunión.
De la Guardia se reunió ayer con los dirigentes de la Cámara Marítima de Panamá, quienes le expusieron el peligro que existía si se comenzaba a gravar con el impuesto al consumo a los barcos que están en tránsito o tocan puertos panameños.
El presidente de la Cámara, Marvin Castillo, informó al Panamá América que estaba ”optimista” porque el funcionario se mostró dispuesto a atender sus preocupaciones.
Fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas confirmaron la celebración del encuentro.
Castillo sostuvo que la principal queja que tenían, hasta antes de la reunión, era la falta de comunicación para exponerle al gobierno la “barbaridad” que se podía cometer si se aplicaba impuestos a las actividades marítimas “que en ninguna otra parte del mundo se gravan”.
Detalló que la pretensión del gobierno es recaudar, mediante este mecanismo, $62 millones para el Erario.
“Lo que va a ocurrir es lo contrario, muchos van a irse a otros puertos, los astilleros perderán clientes y acabará produciéndose una contracción, todo lo contrario a lo que se busca”, explicó.
El dirigente empresarial agregó que la reforma planteada, que ya está en la Asamblea Nacional, en cuanto a la industria marítima pondría en riesgo unos 10,000 puestos de trabajo.
A modo de ejemplo, Castillo explicó que pretender gravar la actividad marítima y las hipotecas marítimas, sería como pretender cobrarle impuestos a los pasajeros de un avión que hacen escala en Panamá.
Además, expandir la cobranza de impuestos a este tipo de actividad cambiaría la característica de territorialidad del sistema fiscal panameño, y pondría al país en una situación de ser demandado porque podría violar hasta 16 tratados internacionales relacionados con la industria, entre ellos con Estados Unidos e Italia, y que establecen el tratamiento fiscal diferenciado.
Castillo, advirtió que, de aprobarse la medida de cobrar a las naves en tránsito, chocaría con la actividad del Canal de Panamá, o crearía un régimen de privilegio para el paso de buques por la vía distinto al resto del país, lo cual sería también inconstitucional. “Es una locura”, sentenció.
