Panamá no posee la suficiente tradición editorial para hacerle frente a un número determinado y pequeño de autores, con lo cual se atrasa la educación en nuestro país, aseguró ayer Priscilla Delgado, presidenta de la Cámara Panameña del Libro, al referirse al proyecto de ley sobre textos escolares. Añadió que si el proyecto es sancionado, el gremio presentará una demanda porque coarta la libertad de enseñanza, establecida en el art. 90 de la Constitución al condicionar el uso de textos escolares a la nacionalidad de sus autores.
Señaló que esta ley obliga a que las escuelas particulares tengan que comprar el libro de texto nacional más el que ellas decidan, lo que indica que en estos centros se va a encarecer la educación al doble. En el caso de las escuelas públicas, éstas optarán por el texto nacional obligado, pero no tendrán opción a tener un libro del exterior ni aunque venga garantizado a través de un préstamo del Banco Mundial.
En el ámbito de la comercialización, la ley impide vender los textos a los colegios públicos pero no impide la importación. "Nosotros los podemos importar sin mercado, pero la mitad de los negocios van a cerrar y las editoriales se irán, junto con la libre oferta y demanda" dijo la presidenta. El 80% de los libros que se usan en los colegios privados son de importación extranjera, en tanto en el sector público muchos de los libros que se utilizan ingresan a través de los programas del Banco Mundial y el BID.
Sobre posible negociado de libros por determinadas empresas extranjeras, la presidenta destacó que es cierto que hay editoriales fuertes en Panamá, entre ellas Editorial Norma y Santillana, pero son las mismas que se encargan de editar obras de autores panameños. Mencionó que también existen las nacionales como Ediesco, Servicios Lewis, pero "pareciera que la pelea es directamente con las transnacionales que ocupan un lugar en el mercado que no lo pueden llenar los autores nacionales".
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