El Gobierno griego sigue esforzándose en tapar agujeros financieros y acallar rumores de quiebra, en una carrera para convencer a sus socios europeos y al Fondo Monetario Internacional (FMI) de que hace lo posible para reducir el déficit y de que el país aún puede salvarse de la bancarrota.
En esa política de mostrar que Atenas hace los deberes para recortar gastos, el Ministerio de Finanzas ordenó a 151 empresas con participación estatal que reduzcan sus plantillas en un 10%.
Entre las empresas afectadas se cuentan la del ferrocarril, la radiotelevisión estatal, la agencia de noticias ANA y la empresa del gas.
La medida contempla dejar a los trabajadores públicos en la reserva durante un año, durante el que cobrarían el 60% de su sueldo. Si tras ese periodo no pueden volver a ser contratados, quedarían despedidos. Varios medios locales calculan que unas 20,000 personas podrían verse afectadas por esa reducción de personal.
Además, se ha anunciado que el propio presidente del país, los parlamentarios en Atenas y Bruselas, los ministros y los alcaldes renunciarán a una de sus pagas para contribuir a reducir la deuda contratada.
El Gobierno también tiene que definir esta semana el impuesto inmobiliario que anunció el pasado domingo, que grava con 5.4 dólares el metro cuadrado la propiedad de viviendas.
Esta tasa, con la que se pretenden recaudar 2736 millones de euros este año, ha sido rechazado por los sindicatos y los trabajadores de la compañía eléctrica, encargada de cobrar el impuesto, han anunciado que boicotearán su aplicación. Pero además de las medidas de ahorro, el primer ministro griego, Yorgos Papandréu, insiste en su mensaje político de que el país no caerá y de que Atenas hará todo lo necesario para poner en orden sus finanzas.
