El máximo gremio empresarial de Panamá vuelve a apelar por el conflicto en la hidroeléctrica Barro Blanco, esta vez se refiere al cierre que hicieron los indígenas en la vía Interamericana el pasado jueves, lo cuál representó afectaciones irrecuperables en bienestar, competitividad y productividad para quienes transitan por esta ruta, incluyendo productores y trabajadores.
Carlos Fernández, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIYAP), indicó que es inaceptable que se permita a agrupaciones indígenas que secuestren la entrada del proyecto, siendo propiedad privada, impidiendo a los colaboradores ingresar a sus puestos de trabajo.
Fernández agregó que para superar esta crisis las autoridades deben hacer cumplir la Ley y velar por que se respeten las garantías constitucionales, como son la libertad de tránsito y el uso y disfrute de la propiedad privada.
El presidente recalcó que incumplir lo pactado y cancelar una obra que reporta un 95% de avance, como sugieren los movimientos indígenas, es peligroso tanto para el perímetro de la obra como para la seguridad jurídica de las inversiones de nuestro país.
