La Comisión Europea (CE) propuso ayer relajar los motivos que los socios europeos pueden alegar para reintroducir temporalmente los visados a otros países en ciertas situaciones de emergencia, ante la inquietud que han generado en varias capitales las próximas exenciones de visado con Ucrania, Georgia, Kosovo y Turquía.
La CE propuso enmendar la regulación existente para aclarar que el mecanismo que permite suspender las exenciones de visado podrá ser utilizado más allá de "situaciones de emergencia y como último recurso", como se aplica ahora.
La idea es que se permita utilizarlo de manera más general, en caso de que la liberalización de visados lleve a un "importante aumento de la inmigración ilegal, de solicitudes de asilo infundadas o de solicitudes de readmisión rechazadas".
En su propuesta, la CE señala que ante la "actual situación migratoria en la Unión Europea (UE) y la exitosa finalización de varios diálogos de liberalización de visados con países vecinos como Georgia, Ucrania, Kosovo y Turquía, varios países miembros cuestionaron si el mecanismo actual es lo suficientemente flexible como para actuar en ciertas situaciones de urgencia".
Estos países consideraron "demasiado limitados" los motivos para activarlo, al no incluir por ejemplo la falta de cooperación en readmisiones.
Acciones
La CE tendrá la posibilidad de activar el mecanismo de suspensión por iniciativa propia si dispone de información concreta y fiable de cualquiera de las circunstancias que pueden notificar los países miembros o si un país tercero que se beneficia de la exención de visados no coopera en las readmisiones. Si la Comisión decide que se requiere acción, podrá adoptar medidas.
Críticas contra el mecanismo que se establecerá
Países miembros de la Unión Europea estimaron "demasiado largos" los periodos de referencia y fechas límites establecidos en el mecanismo actual como para reaccionar con rapidez a una situación de emergencia.
Asimismo, afirmaron que la iniciativa para activar el mecanismo debe ser ampliada a la CE.
La propuesta de la Comisión, que debe recibir el visto bueno de los Veintiocho y del Parlamento Europeo (PE) para entrar en vigor, también plantea el periodo de referencia para comparar una situación con la del año anterior.
