Un juez federal ordenó el miércoles 9 el fin del cierre patronal contra los obreros sindicalizados de los puertos de la costa oeste de Estados Unidos, pero tomará meses eliminar las filas de centenares de barcos esperando ser descargados y persiste el riesgo de que el trabajo a reglamento siga afectando la economía global justo antes de la temporada de compras navideñas.
Las demoras en la cadena de abastecimiento comercial e industrial crean el riesgo de que la economía estadounidense sufra un nuevo tropiezo, cuando comenzaba a recuperarse -aunque de manera vacilante- de la recesión del 2001, advirtieron analistas.
La amenaza se extiende sobre todo a los países de Asia, pero también a los de América Latina, para la mayoría de los cuales Estados Unidos representa el destino de más del 50% de sus exportaciones.
La firma Stratfor de análisis estratégicos estimó que el presidente George W. Bush evitó un desastre económico mayor al forzar la reapertura de los puertos invocando la Ley Taft-Hartley de 1947, que permite suspender huelgas o cierres patronales por razones de salud o seguridad nacional.
Advirtió, sin embargo, que la continuación de las demoras y perturbaciones en la cadena de distribución constituirán un lastre sobre las economías de Asia y Estados Unidos, en un momento delicado.
Los problemas de abastecimiento, mayores costos de fletes y otras ineficiencias reducirán los márgenes de beneficios, y perjudicarán sobre todo a la gran cantidad de industrias que trabajan con el sistema de recepción de insumos “justo a tiempo”, creando desabastecimientos que probablemente encarecerán los precios.
Los diez días que los puertos estuvieron cerrados le costaron a la economía de Estados Unidos casi 20.000 millones de dólares, según la firma de consultores Martin Associates.
Los costos sin duda seguirán aumentando, pues tomará al menos dos meses reducir las filas de más de 200 barcos esperando ser descargados, la mitad de los cuales en los puertos de Los Angeles y Long Beach, en California (suroeste).
La Pacific Maritime Association (PMA), que representa a los consignadores, calculó que harán falta de 8 a 9 semanas para volver a la normalidad, siempre y cuando los obreros no vuelvan a la práctica de trabajo a reglamento que fue la causa del lock out (cierre patronal).
Los dirigentes sindicales advirtieron, sin embargo, que su mayor preocupación es la seguridad de los estibadores, y no permitirán una aceleración del trabajo que podría provocar accidentes.
La International Longshore and Warehouse Union (ILWU), sindicato de los estibadores, puso en su página web una declaración señalando que sus miembros trabajarán tan rápido como sea posible sin arriesgar su seguridad.
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