Chávez abre por ley el mercado de telecomunicaciones

Venezuela aprobó el miércoles una nueva ley de telecomunicaciones que busca promover la apertura de ese sector tan pujante de la economía, crear una mayor competencia y atraer nuevas inversiones.
La sanción definitiva de la ley fue ratificada el miércoles al final de la tarde por la Comisión Legislativa Nacional, congreso interino, informó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). El organismo, que regula el sector en Venezuela, dijo en un comunicado que la ley establece que el estado no se reserva la actividad económica del sector y que tiene por objeto brindar el marco legal de las telecomunicaciones, "necesario para desarrollar el proceso de apertura de las telecomunicaciones".
La apertura se concretará en noviembre, cuando finalice el monopolio que tiene la empresa telefónica CANTV, controlada por la estadounidense GTE Corporation, sobre el servicio de telefonía básica. El director de Conatel, Diosdado Cabello, comentó que, con la aprobación de la ley, se esperan inversiones nacionales y extranjeras por unos 2.000 millones de dólares para este año. La cámara de empresas de telecomunicaciones estima que en los próximos cinco años se registrarán inversiones por unos 10.000 millones de dólares en telefonía móvil, fija y redes de cable de Venezuela.
"La ley establece que el estado no se reserva la actividad económica del sector de las telecomunicaciones, considerándose éste como un asunto de interés general y no como un servicio público", destacó Conatel.
Agregó que el texto legal "genera la confianza necesaria para que los inversionistas puedan colocar sus capitales en el área" porque mejora los procedimientos para otorgar concesiones y define normas y procedimientos de certificación y homologación. La ley sustituye a la vigente desde 1941.
Se prevé que sea remitida el jueves a la Sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que verifique su condición de Ley Orgánica posteriormente sea enviada al Ejecutivo para su promulgación.
Uno de los artículos señala que "el Ejecutivo Nacional podrá, cuando lo juzgue conveniente a los intereses de la nación, o cuando así lo exigiere el orden público o la seguridad, suspender o impedir la transmisión de comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de telecomunicaciones".