China mantiene métodos de coerción contra Panamá

El conflicto comercial y diplomático entre la República Popular de China y el Gobierno panameño continúa elevando su tono. La falta de consensos en torno a la gestión portuaria y la reciente demanda de arbitraje internacional presentada por la firma hongkonesa CK Hutchison por un monto de 1,500 millones de dólares han puesto en evidencia que las tensiones entre ambos países no han sido superadas.

Para el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá (UP), Euclides Tapia, la acción legal emprendida por la casa matriz de Panama Ports Company no resulta una sorpresa, salvo por el intento fallido previo de alcanzar un acuerdo directo con las autoridades locales.

"No creo que sea sorpresa. La sorpresa puede ser que intentaron llegar a un acuerdo con Panamá y no se pudo, por ello están demandando", sostuvo el catedrático.

Tapia fue enfático al señalar la complejidad que entraña para la compañía prevalecer en dicho arbitraje, dado que la rescisión derivó de una decisión soberana dictada por el Órgano Judicial panameño en apego a la Constitución.

"En ningún país del planeta un acuerdo puede estar amarrado al punto que no se pueda rescindir eventualmente. No puede haber algo que establezca relaciones que se impongan por encima de la Constitución Panameña", subrayó.

El internacionalista reiteró además que la decisión de entablar nexos diplomáticos con Pekín constituyó un error estratégico. Calificó a China como una potencia emergente que utiliza la apertura de su mercado interno como una herramienta de coerción y dominio global, amenazando con represalias comerciales a las naciones que no ceden a sus exigencias.

Tapia recordó también que el país asiático es el único miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU que no se ha adherido al protocolo del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.'

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buques de bandera panameña habían sido retenidos en los primeros veinte días de julio.

 

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años tenía la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal cancelada en febrero por la CSJ.

 

Las medidas de presión no se han limitado al ámbito judicial. Diversos sectores señalan que Pekín está condicionando la renovación del Acuerdo sobre Transporte Marítimo Bilateral para forzar concesiones sobre los puertos de Balboa y Cristóbal.

Una de estas voces es la de la docente de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá (PA), Viviana Tejeira, quien advirtió recientemente que mantener este clima de incertidumbre puede resultarle contraproducente a la propia potencia asiática.

Un estancamiento prolongado impulsaría a la administración del presidente José Raúl Mulino a estrechar aún más sus alianzas estratégicas, comerciales y de seguridad marítima con Estados Unidos, erosionando el perfil de China como socio confiable en América Latina.

Desde la Asamblea Nacional, el diputado Roberto Zúñiga denunció públicamente que el Estado chino ha mantenido sin oficializar la renovación de dicho acuerdo pactado desde julio como una represalia directa.

Según Zúñiga, esta postura se ha visto acompañada por el incremento imprevisto en las inspecciones y la retención de más de 600 buques bajo la bandera panameña en puertos chinos.

En un tono confrontativo, el exdiplomático chino Zhang Heqing tildó la postura del país como un "costoso error de cálculo para Panamá", sugiriendo que Panamá supuso erróneamente que Pekín no reaccionaría ante la pérdida de sus inversiones. Heqing recordó que existen reclamos globales por un total de 27,300 millones de dólares en arbitrajes y advirtió que la fuerza militar no es el único mecanismo de defensa de los intereses de China.

Ayer el embajador de la República Popular de China en Panamá, Zhang Xiangyan, matizó la situación señalando que el proceso no se encuentra congelado, sino atravesando etapas administrativas y procedimentales.