Unos 120 mil equipos de impresoras fiscales deberán ser instalados en la República de Panamá, según las estimaciones de la Dirección General de Ingresos (DGI). Esta nueva tecnología hará posible el cobro intacto del Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto de Transferencia Bienes Muebles y Servicios (ITBMS).
Esto traerá nuevas obligaciones para los comercios y los consumidores, quienes enfrentarán sanciones, si no cumplen con las nuevas disposiciones.
Luis Cucalón, director de la DGI, indicó que las nuevas impresoras fiscales o cajas registradoras, son aparatos que llevan integrado un “chip” inviolable dentro de la máquina, lo que permitirá registrar las ventas reales de las compañías y combatir la evasión fiscal.
En un año la entidad dedicada a cobrar los tributos del país estima que con el Impuesto Sobre la Renta así como con el ITBMS que captan las empresas, tras el pago respectivo del consumidor, deberá entrar a las arcas estatales entre 250 millones a 300 millones de dólares.
Irene Carrizo, funcionaria de la DGI, dijo que el consumidor debe contribuir con un cambio de actitud, hacia lo que es la tributación y exigir el recibo respectivo al hacer sus compras, donde verá si realmente el negocio está registrando el pago de su tributo. Si no es así, amplió que al entrar las impresoras fiscales en ejecución por ley (el próximo 18 de octubre para la provincia de Panamá, y los meses subsiguientes para el interior), serán los clientes los que serán multados.
Esto se da porque la Ley 72 del 27 de septiembre del 2011 que hizo obligatorio el uso de las impresoras fiscales, establece multas para los consumidores que no exijan su recibo, que van desde un dólar hasta un 7% de la compra realizada.
Sobre quién impondrá las multas a los consumidores, el director de la DGI, Cucalón, señaló que habrá inspectores aleatoriamente en los comercios, observando si los clientes están exigiendo su recibo de compra.
Entre tanto, Cucalón optó por no revelar el número de inspectores que estarán vigilando a los consumidores, pero sí afirmó en una conferencia de prensa reciente que los comerciantes que no tengan su impresora fiscal, en el término que establece la Ley 72 del 2011, serán multados por la DIG, con sanciones de entre $1000 a $5000, la primera vez. De ahí en adelante con más dureza, de ser reincidentes en no cumplir.
Según datos de la entidad, hay unas 12 empresas autorizadas para comprar y vender los equipos fiscales en Panamá.
