Código de Conducta de la CNV espera la refrendación del MEF

En el Ministerio de Economía y Finanzas ya reposa el prospecto del Código de Conducta de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que esperan convertir en Decreto Ejecutivo.
Esto implica que el documento, que reglamentará estrictamente el actuar de los comisionados que integran esta entidad para evitar conflicto de intereses y otras prácticas indebidas, ya pasó su etapa de consulta y sólo necesitaría el respaldo de la Presidenta de la República para convertirse en un instrumento legal. La documentación fue enviada al Ministerio de Economía y Finanzas, que es el enlace entre la CNV y el Organo Ejecutivo.
El presidente de la CNV, Carlos Barsallo, indicó que tras quince días de consultas, concluídos el viernes pasado, no se presentaron objeciones por parte de empresas reguladas y tenedores de bonos, por lo que decidieron enviar el código a instancias superiores, tal como fue redactado.
Los comisionados elaboraron el anteproyecto del código, porque el mercado, según la percepción de quienes invierten en bonos y acciones, se ha tornado un tanto inseguro, y, encima de ello, está carente de transparencia tras los descalabros y tropiezos financieros presentados en empresas panameñas, como el Grupo Adelag y Fotokina.
Las nuevas normas precisan que los Comisionados no podrán tener interés directo e indirecto en valores registrados en la Comisión, salvo en el caso de que sean beneficiarios de un fideicomiso cuyos términos impidan que los beneficiarios tengan conocimiento e injerencia en las inversiones que realice el fiduciario.
Deberán presentar al Órgano Ejecutivo una declaración jurada en la que se indique si tienen o no intereses o inversiones en valores.
En el caso de que un comisionado tenga valores registrados deberá proceder a su liquidación o a constituir un fideicomiso ciego con una entidad independiente.
Los Comisionados y el personal técnico que está directamente vinculado con una investigación no podrán negociar o aceptar una oferta de trabajo realizada por una persona o entidad privada sobre la que se estén realizando actuaciones o procedimientos concretos.
Se permitirá que realicen actividades derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar, siempre que no se trate de valores negociables en el mercado de valores.
En caso de que una de las empresas reguladas presente problemas financieros, se debe escoger a los interventores, liquidadores, peritos y otras personas que deban intervenir de acuerdo a las normas, únicamente a base de su competencia y honorabilidad.