Economía

Comisión de Diputados exige auditar bancos intervenidos en crisis de 1995


La comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados de México exigió que se auditen a todos los bancos intervenidos tras la crisis de 1994-95, según un acuerdo dado a conocer ayer por la prensa local.
Los legisladores quieren conocer el monto de la deuda del rescate bancario y reducir los recursos fiscales que cada año debe destinar Hacienda al pago de los intereses de la cartera vencida de los bancos y recuperar parte de ese descubierto.
El secretario de la comisión, el diputado José Antonio Magallanes, amenazó con promover una controversia constitucional (demanda para dirimir diferencias) ante la Corte de Justicia de la Nación, en caso de que los organismos financieros se nieguen a esta auditoría.
111Los legisladores quieren conocer el monto de la deuda del rescate bancario y reducir los recursos fiscales que cada año debe destinar Hacienda al pago de los intereses de la cartera vencida de los bancos y recuperar parte de ese descubierto.
El Gobierno de México salió al rescate del sistema bancario tras la crisis mediante la compra de su cartera vencida a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) para evitar el colapso del sistema financiero.
En 1998, el economista canadiense Michael Mackey realizó una auditoría en la que estimó el coste de la operación en 80,000 millones de dólares y demostró, además, la existencia de irregularidades y favoritismos en el proceso.
Tres años después, el coste actualizado del rescate ascendió a 90,000 millones de dólares, según cifras del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que sustituyó al Fobaproa. El parlamentario indicó que la fiscalización la realizaría la Auditoría Superior de la Federación a través de una orden del IPAB.
Sin embargo, señaló que en caso de que este organismo se niegue a dictarla, su secretario ejecutivo, Julio César Méndez Rubio, se expondría a sanciones de carácter administrativo y penal por violación de la ley. Según cálculos del legislador, el IPAB debería emitir la orden de fiscalización en mayo para poder tener resultados en agosto próximo.


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101 años de Panamá América

 
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