Lo primero que tenemos que entender es ¿porqué los corredores son un problema?.
Son un problema porque ambos corredores existen bajo unos contratos de concesión que son efectivamente privilegios de explotación, “patentes” exclusivas, otorgadas por un gobierno, al mejor estilo de las encomiendas de la colonia, que atan a las generaciones futuras a soportar las rentas de un monopolio en manos de ciudadanos de una categoría superior.
Pero ¿Quién tiene la culpa? Los contratos de los corredores violan principios amparados por la constitución y leyes de la República de Panamá; su existencia no sólo ata al gobierno en la realización de proyectos viales masivos en el futuro, también obliga a los ciudadanos a pagar las rentas de un esquema de explotación que ha resultado de un arreglo público privado en el que se otorgan privilegios para el goce de unos individuos a expensas de otros.
¿Qué tiene que hacer el gobierno? El gobierno tiene que terminar estos contratos. En justicia, la solución pasa por la anulación de los contratos debido a que son ilegales.
Sin embargo, a pesar de que existe la voluntad política de terminar la relación con ICA y PYCSA, los gobiernos se interesan por preservar la interpretación de que se puede obviar el cumplimiento de los principios de igualdad ante la ley y libertad de contratación.
La otra solución es la planteada por el gobierno: la compra de los contratos.
Tengan claro que no compramos corredores. Se está comprando de vuelta el derecho exclusivo a construir y mantener vías de comunicación masiva en el Distrito de Panamá.
¿Cuál es el precio para el ciudadano de a pie? Algunos ciudadanos son más iguales que otros. Ese es el precio. El gobierno reemplaza a los socios privados por una recién creada empresa pública, ENA.
Parece que al menos no se privilegia a ningún ciudadano sobre otro, el servicio ahora será público.
Lamentablemente no, solamente cambia la naturaleza del privilegio: si antes era sobre la explotación de un servicio, ahora es sobre la explotación de sus rentas.
Los socios privados son ahora los administradores del fideicomiso con el que se comprará los contratos; son los compradores de bonos que recibirán rentas muy superiores a lo que puede producir una inversión de bajo riesgo en cualquier mercado, gracias a que participa con ellos un ente del Estado (la CSS) que por “Ley” debe recibir retornos al 6.25% por “invertir” los ahorros de los panameños; y también es PYCSA, que gozará de una renta a diez años valorada en 350 millones con retornos al 6.25%.
Las únicas interrogantes que quedan son sobre ENA: ¿Qué tan grande e ineficiente llegará a ser? ¿Cuántos miles de millones le costará a las futuras generaciones de panameños?
