"Concesión a Ocean Pollution fue legal"

El ex director de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Hugo Torrijos rompió el silencio respecto a las denuncias que apuntan hacia una presunta "contaminación legal" en dos concesiones otorgadas en 1997, sin licitación pública a las empresas Ocean Pollution Control (OPC) y Ports Engenieering & Consultants Corporation (PECC).
"Todo tiene una explicación lógica", dice Torrijos, al referirse a las inversiones no cumplidas por OPC, a una tarifa excesiva e injustificada _según la Cámara Marítima_ y a sus presuntos nexos con directivos de dichas compañías. A juicio del ex director de la APN,"se trata de una campaña mal intencionada de desprestigio".
LICITACION... ¿PARA QUE?
¿Por qué no se habla de los más de mil contratos que aprobó la Autoridad Portuaria Nacional sin licitación pública?, dice Hugo Torrijos, evidentemente molesto, ¿qué hay de las concesiones directas a los Astilleros Braswell y los puertos de Manzanillo y Evergreen? Asegura que en el caso de los Astilleros Braswell, "les dieron la mitad del puerto de Balboa, les perdonaron dos millones y medio de deuda y encima sólo les cobran 250 mil dólares al año". Esto significa, continúa Torrijos, "que le dieron gratis los diez primeros años de una concesión de 20 años".
Pero, volviendo a las "dudosas concesiones", consta en el acta 01-97 que el Comité Ejecutivo de la APN aprobó, con mayoría absoluta, el 22 de enero de 1997, la concesión privada de los servicios de señalización marítima y labores de control de contaminación a las empresas Ports Engenieering & Consultant Corporation y Ocean Pollution Control, respectivamente.
El ex funcionario explica que en ambos casos no existía otra solicitud para concursar por la concesión. "Si hubiera existido más de una empresa interesada, tenga la seguridad que se hubiera realizado un acto público", puntualizó.
Torrijos dijo que la Càmara Marítima conocía perfectamente a estas empresas, puesto que en la Junta Directiva de la APN hay un miembro de dicha agrupación. Según el acta, Charles Langman actuó como representante de los usuarios de los puertos en la reunión del 22 de enero de 1997, donde se aprobaron ambas concesiones.
Torrijos asegura que ambos contratos pasaron "por todos los filtros legales", pues fueron al CENA y al Consejo de Gabinete. Este último decidió no someterlos a discusión, alegando que el monto de los mismos no excedía los 2.5 millones de dólares, por lo que podía pasar directamente a la Contraloría para ser refrendado.
La asesora legal de la Contraloría, Sonia Kowalchik opinó que estos contratos debían ser sometidos a acto público. La entonces viceministra de Hacienda y Tesoro, Norberta Tejada, contesta cinco días después, en una carta fechada el 27 de enero que "de acuerdo con la Ley 42 del 2 de mayo de 1974, la Autoridad Portuaria Nacional tiene la facultad de otorgar en concesión, sin la celebración de acto público, los servicios descritos".
"UN MONTON DE CHATARRA VIEJA"
El contrato de concesión establecía que OPC debía invertir dos millones de dólares durante el primer año, inversión que no fue realizada. También indicaba que la APN traspasaría todo su equipo de descontaminación, que según versiones periodísticas, tenía un valor de tres millones de dólares.
Esto fue desmentido por Torrijos, quien recalcó que el avalúo del Ministerio de Hacienda indica que tenía un valor inferior a 7 mil dólares. "Creo que OPC pagó demasiado por esto, ya que se le entregó un montón de chatarra vieja. Nadie puede negar que la APN no tenía prácticamente nada para la limpieza del agua".
En el acta de traspaso de dicho equipo, firmada por Jovan Vukelja, representante de OPC; Gregorio Valderrama, jefe de control fiscal de la Contraloría y Jorge L. Roldán, director de fiscalización y control institucional, se adjudican valores de un dólar a tres botes, un recogedor mecánico y a una barcaza, pero también se traspasaron otros equipos con valores superiores a los mil balboas.
Torrijos recalca que el equipo que tenía el precio de un dólar era "chatarra inservible", por lo que se le asignó un valor nominal, para que fuera traspasado y destruido posteriormente por OPC.
¿Cómo pudo OPC realizar labores de descontaminación con "un montón de chatarra? Jovan Vukelja, representante de Ocean Pollution acepta que durante el primer año alquilaron equipo a otras compañías.
NI PAGOS, NI INVERSION
Vukelja asegura que las empresas petroleras no pagaron "un centavo" a Ocean Pollution Control, durante un año y ocho meses, lo que casi lleva la compañía a la quiebra. También interpusieron una demanda de nulidad contra la concesión de OPC, a través del bufete Rivera, Bolívar & Castañeda.
A juicio de Hugo Torrijos, la negativa de pago y la demanda de las petroleras era una "espada que colgaba" sobre las espaldas de OPC, lo que impidió que realizara las inversiones previstas. ¿Invertiría usted dos millones de dólares, sin haber recibido ni un centavo y con un proceso legal para invalidar su contrato?, pregunta el ex director de la APN, para justificar que OPC no realizara la inversión prevista en el contrato.
TARIFAS VAN, TARIFAS VIENEN
Según Torrijos, la clave de todo "este problema" está en las tarifas por descontaminación.
Hasta noviembre de 1998, todos los barcos que se abastecían de petróleo en aguas nacionales pagaban a las empresas petroleras, cinco centavos por barril de combustible despachado.
Según Jovan Vukelja Mattews, representante legal de OPC, la empresa Atlantic-Pacific, S.A., que fue responsable del último derrame registrado a principios de marzo, recibió en 1988 una concesión directa para prestar el servicios de descontaminación, pero la Autoridad Portuaria, era la que realizaba el trabajo. ¿Cómo pudo suceder esto?, se pregunta Vukelja.
Las petroleras cobraron por quince años esta tarifa, pero estos dineros nunca llegaron a la APN, que en ese entonces sí mantenía un Departamento de Contaminación, confirmó Hugo Torrijos.
Explica que las empresas petroleras (Texaco, Chevron, Shell, entre otras), se están quejando de OPC, porque ellas eran las que anteriormente cobraban sin prestar el servicio. "Quisiera que digan si tenían, al menos, una aspiradora para recoger un galón de aceite derramado en el mar", dice Hugo Torrijos, mientras mostraba varias facturas en las que se observa un cargo denominado "pollution fee" o "pollution charge", que en español significa tasa por descontaminación.
Fue entonces cuando la Cámara Marítima y la AMP sugirieron que este cargo se hiciera extensivo a todos los barcos que recalan en puertos nacionales, puesto que ellos también ocasionaban derrames de petróleo. A partir de entonces, las navieras pagan a OPC dos centavos por tonelada de registro bruto (TRB).
Sin embargo, en agosto de 1999, la Cámara Marítima, en una carta enviada al entonces director de la Autoridad Marítima de Panamá, Rubén Reyna, alega que esta tarifa fue impuesta "sin previo aviso" y que no se justifica, al no existir la infraestructura adecuada para tal fin, haciendo clara referencia a la empresa que había recibido la concesión.
"UNA EMINENCIA EN DESCONTAMINACION"
Hugo Torrijos no encuentra nada malo en que OPC haya sido creada sólo para recibir la concesión. "Ninguna empresa extranjera negocia en Panamá, con su propia razón social, porque el trámite de establecerse toma demasiado tiempo".
En enero de 1997, OPC presentó una propuesta para prestar el servicio de prevención y control de contaminación en los puertos y aguas nacionales, pero inicia operaciones tres meses después, en marzo de ese año.
Torrijos asegura que el contrato fue negociado con Miguel Antonetti Alvarez, propietario de una "conocida" empresa norteamericana, cuyo nombre no recuerda, pero sí asegura que en ese momento era "la más grande eminencia en temas de contaminación". Antonetti Alvarez se asocia con Jovan Vukelja Mattews y forman Ocean Pollution Control.
Torrijos también niega enfáticamente cualquier vinculación personal con algún directivo o miembro de dicha empresa, diciendo que "si alguien me ha visto llamar o visitar OPC, definitivamente es un mentiroso".
Mientras el actual administrador de la AMP, Jerry Salazar se limita a decir que "se está investigando", las concesiones de OPC y PECC se han convertido en una telaraña de investigaciones, acusaciones, y algunas preguntas sin respuesta. Por su parte, Hugo Torrijos expresque no entiende por qué se demoran tanto con estas investigaciones, porque "si hubieran encontrado algo raro, ya lo hubieran dicho".