Un Tribunal de Barranquilla amparado en las leyes francesas, falló en diciembre pasado a favor de la empresa generadora de energía TermoRío, que aunque fue constituida legalmente, nunca entró en operación.
El lío jurídico se remonta a 1997, época en la cual la Electrificadora del Atlántico (Electranta) decidió abrir un concurso licitatorio para contratar un suministro de energía a largo plazo.
La licitación fue ganada por la empresa TermoRío, la cual se comprometió a construir una planta de generación para suministrar energía a la Electrificadora por un período de 15 años. Sin embargo, eso nunca ocurrió.
En su momento, el gobierno del presidente Ernesto Samper se opuso al contrato, pues ya se había establecido que las electrificadoras de la Costa se iban a privatizar y ese contrato no era procedente para dicho plan.
Fuentes oficiales que pidieron la reserva de su nombre, señalaron que el Gobierno objetó el contrato porque no cumplía con algunas normas regulatorias que regían en el sistema eléctrico y por eso no era conveniente llevarlo a cabo.
Para el Gobierno no eran claras ni la forma como se habían establecido los precios de la energía en bolsa, ni los volúmenes pactados.
TermoRío procedió entonces a interponer una demanda en contra de la Electrificadora del Atlántico para reclamar sus derechos adquiridos, demanda que fue fallada el pasado 22 de diciembre en contra del Estado.
LA DEMANDA
En febrero de 1998 TermoRío inició un proceso de arbitraje contra la Electrificadora del Atlántico ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barranquilla, el cual estaría regido según acordaron las partes por el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. El tribunal encontró que el contrato que había firmado la Electrificadora del Atlántico era completamente válido y de obligatorio cumplimiento para las partes, y que ésta lo había dejado de cumplir sin justificación alguna.
Como el Gobierno prácticamente declaró la nulidad del contrato y procedió a adelantar el proceso de privatización de las empresas, ninguno de los compromisos pactados con TermoRío se cumplieron.
En ese momento, la Superintendencia de Servicios Públicos intervino las electrificadoras de la Costa Atlántica, incluyendo a la más grande, Electranta, y procedió a vender los activos que podían ser atractivos para los inversionistas.
Los activos de generación y transmisión de la Electrificadora, al igual que el resto de las de la Costa, fueron vendidos.
La Electrificadora del Atlántico nunca notificó ese proceso a TermoRío.
Fueron numerosos los incumplimientos: TermoRío Representantes de la empresa TermoRío señalaron que fueron numerosos los incumplimientos por parte de la Electrificadora del Atlántico.
Aunque Electranta estaba obligada a registrar el contrato ante el Sistema de Información Comercial de ISA, nunca lo hizo, lo que en opinión de los representantes de TermoRío, generó perjuicios económicos a la empresa.
TermoRío resaltó que la licitación para la cual concursó se llevó a cabo con todas las normas vigentes y que incluso en esa convocatoria se presentaron otros seis proponentes.
Para TermoRío, el tribunal falló en su favor porque el Estado incumplió un contrato que era de obligatorio cumplimiento para las partes. Hoy la Nación está enfrentada a pagar más de $130.000 millones a la empresa generadora de energía, por un contrato que en su momento consideró que no existía y del cual además nunca se derivó prestación de servicio alguno.
Fuentes oficiales señalaron que el Gobierno decidió "darse la pela" y no reconocer el contrato, por falta de cumplimiento en las normas regulatorias.
Esta demanda deberá ser asumida en su totalidad por la Nación, pues ninguna de estas obligaciones fue transferida a los nuevos dueños de Electrocaribe.
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