El Congreso argentino se resistió ayer a debatir la anulación de la Ley de Subversión Económica y a cambiar la de Quiebras, como lo exigen el FMI y Estados Unidos, que redobló sus presiones al considerar "muy importante" cumplir con ese compromiso incluido en un pacto entre el gobierno y las provincias.
En declaraciones publicadas ayer por el diario porteño El Cronista, el subsecretario el Tesoro para Asuntos Internacionales de Estados Unidos, John Taylor, consideró "muy importante que Argentina implemente el plan" de 14 puntos que firmaron hace dos semanas el presidente Eduardo Duhalde y los gobernadores provinciales.
Ese compromiso comprende la reanudación de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la anulación de la ley de Subversión Económica y la modificación de la norma de Quiebras.
Taylor advirtió que la derogación de la Ley de Subversión Económica "es lo que se mira ahora en el mundo", uno de los puntos centrales del convenio gobierno-provincias.
Pese a las urgencias del gobierno de Duhalde que busca destrabar los desembolsos del FMI, el Senado controlado por el gobernante peronismo (mayoría absoluta) aplazó la sesión que debía debatir este jueves la derogación de la norma.
El jefe del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR, segunda fuerza en el Congreso), Horacio Pernasetti, admitió el jueves que las dificultades para discutir ambas leyes "son mucho mayores que las que se habían previsto originalmente".
En el caso de la ley de subversión económica, Pernasetti dijo que "la derogación lisa y llana" de la legislación "podría significar cierta impunidad para algunas personas que hoy están siendo acusadas por esos delitos".
El legislador se refirió a la utilización de esa ley en sonadas causas en marcha contra poderosos banqueros por fuga de capitales en medio del descalabro del sistema financiero argentino, en la que incluso están imputados el ex superministro de Economía Domingo Cavallo y la petrolera española Repsol-YPF.
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