El respeto de los frutos de los consensos que surjan del diálogo por la Caja de Seguro Social (CSS), se ha convertido en el principal reto de los integrantes, pues ven poca intención en el gobierno para hacer los cambios.
"Simple y sencillamente, pareciera que el gobierno está aferrado a salir del paso con un parche en la Ley, y sufriremos las consecuencias económicas en 10 o 15 años", dijo Roberto Brenes, participante de la mesa de finanzas.
Según el experto en mercados de valores, una buena respuesta al diálogo sería considerar los puntos logrados en materia de topes de jubilación y cuotas.
"El gobierno debe adoptar una posición más abierta a los cambios y las propuestas, no defender el estatus quo de la Ley, con ello no hace ninguna contribución", dijo.
La actual redacción de la Ley 17, establece requisitos para la pensión de retiro por vejez, con la finalidad de reemplazar, "dentro de ciertos límites", los sueldos, salarios o ingresos que dejan de percibir los asegurados cubiertos por este riesgo.
Asegura que en este tope, el gobierno se equivocó al enfocar el problema en un sistema solidario, cuando en realidad los actuales beneficiarios gozan de un sistema que al final sigue creando una enorme hueco financiero.
A su juicio el gobierno ha hecho poco esfuerzo en sus propuestas, lo que ha representado poca velocidad y abundancia de información. "El gobierno y sus planteamientos para llegar a la propuesta de ley fueron entre malos y mediocres".
Mientras esto ocurre las calificadoras internacionales gozan de la actual redacción de ley, pues por lo menos minimiza las probabilidad que el Estado tenga que poner dinero para el seguro, por lo tanto cualquier mejora que beneficie a los contribuyentes se verá como una erupción a la condición crediticia del Estado.
