El consorcio internacional Nelsury S.A., formado por una empresa belga y cuatro uruguayas, ganó ayer la subasta del 80% de las acciones de la terminal portuaria de Montevideo, principal puerto uruguayo, por 17,10 millones de dólares.
La subasta, cuyo precio base era 2 millones de dólares, fue el primer paso concreto de un plan del gobierno de Jorge Batlle, de centroderecha, para abrir a capitales privados áreas de la economía que Uruguay mantiene en la órbita del estado, como telecomunicaciones y refinación de petróleo.
"Es un socio poderoso, un grupo con una pata uruguaya y una pata de una empresa importante en el mundo en materia de logística que ha visto a Montevideo como base de distribución para el Cono Sur", dijo a periodistas Agustín Aguerre, presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP). La ANP quedó como socio minoritario de la terminal con el 20% del paquete accionario.
El consorcio está integrado en un 60% por la empresa belga Seaport Terminal y por cuatro empresas locales: Zona Franca de Montevideo (ZFM), la papelera Fanapel, el operador portuario Tacuá y un empresario local, con participación de un 10% cada uno, indicó el presidente de ZFM, Orlando Dovat.
Según Ricardo Zerbino, presidente de Fanapel, "la cifra pagada estaba dentro de las previsiones que nos habíamos hecho". Sin embargo, para Aguerre, la cifra fue más elevada de lo que esperaba el gobierno.
El precio final "fue mucho más de lo que honestamente habíamos esperado y conversado en los días previos (...) Es una cifra elevada, lo que muestra que esta gente son serios, que han hecho sus números", dijo Aguerre.
PRIVATIZACION PARA RECUPERAR COMPETITIVIDAD
Tras la venta de las acciones, el estado uruguayo exigirá a Nelsury invertir unos 100 millones de dólares en el equipamiento de la terminal y en el mejoramiento del muelle y de la playa de contenedores. El gobierno espera que con la privatización el puerto recupere competitividad en Latinoamérica y alcance al 2010 un movimiento de 100,000 contenedores anuales desde los 30,000 actuales.
La subasta se realizó en medio de protestas de trabajadores portuarios que se oponen a la privatización y que interpondrán ante la justicia un recurso de amparo para frenar la venta. Pugnaron también en el remate un consorcio integrado por la española Dragados y la estadounidense Terminales CSX, y la australiana P&O.