Cinco de las siete grandes constructoras españolas, Ferrovial, FCC, ACS, Acciona y Sacyr, han decidido unirse para intentar ejecutar buena parte del billonario plan quinquenal de infraestructuras (3,6 billones de pesetas) que va a poner en marcha el Gobierno argentino. Estas empresas han propuesto una novedosa forma de financiación, que implica el pago adelantado de la obra y el cobro mediante un canon anual detraído de la recaudación de impuestos de la gasolina. El primer paquete propuesto para contrastar el modelo será de 700.000 millones.
El plan de infraestructuras quinquenal (2000-2005) que el Gobierno argentino tiene previsto presentar oficialmente esta semana con un presupuesto de unos 3,6 billones de pesetas (21.000 millones de dólares) y financiación privada ha despertado un gran interés de las grandes constructoras españolas.
Cinco de ellas, Ferrovial, FCC, ACS, Acciona y Sacyr, han creado un potente consorcio que propone una novedosa fórmula de financiación que el Gobierno De la Rúa está a punto de aceptar.
La ejecución de un paquete de obras de todo tipo (hidráulicas, viales, ferroviarias) sería financiada por el consorcio español a través de una o varias concesionarias, que se resarcirían de los costes mediante el cobro de un canon anual que pagaría el Gobierno federal argentino mediante la detracción de una parte de la recaudación por la venta de combustible, según fuentes solventes del sector.
Desde hace meses este consorcio mantiene reuniones con la Administración federal argentina para discutir sobre fórmulas de financiación y organización del proyecto. El grupo español y el Ejecutivo argentino han pactado inicialmente que el primer paquete de obra licitado bajo esta fórmula financiera ascienda a unos 4.000 millones de dólares (unos 700.000 millones de pesetas).
Si el modelo cuaja, sobre todo en el mercado financiero local e internacional, que tendrá que aportar al consorcio español buena parte de los recursos para hacer las obras, continuarán licitándose paquetes de proyectos con este modelo financiero.
El consorcio de las cinco constructoras está abierto tanto a socios locales, como a entidades financieras. Hay que recordar que la banca española tiene una fuerte posición en el mercado argentino.
El consorcio está a la espera de la presentación formal del plan, incluido las fórmulas definitivas de financiación que acepta el Gobierno, los avales, las garantías que ofrece la Administración y los proyectos concretos que finalmente incluye al lanzar oficialmente su propuesta.
Esta será la tercera vía de financiación de un macroproyecto a cinco años que incluye unas 2.600 obras de todo tipo. Las otras dos fórmulas previsibles para sufragarlo serán el modelo concesional tradicional, donde ya están presentes las constructoras españolas, y el pago con cargo a presupuestos públicos.
El plan quinquenal persigue reactivar la economía argentina. La pasada semana el presidente argentino ya facilitó un anticipo del plan tras anunciar la firma de un decreto por el que autorizaba el comienzo de la pavimentación del paso internacional de Jama, que une Argentina con Chile.
En cuanto al calendario, antes de que finalice el año el Gobierno tiene previsto que se inviertan unos 2.000 millones de dólares, y en los restantes cuatro años, en torno a los 5.000 millones anuales. Esta semana, las autoridades enviarán al Congreso el proyecto de ley para crear el fondo que servirá para financiar el plan (Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura).
El Gobierno de De la Rúa se ha comprometido a destinar al fondo 400 millones de dólares anuales del presupuesto de Obras Públicas (que ronda los 700 millones) a lo largo de 12 años.
El resto será aportado por los Gobiernos provinciales, por el incremento de la recaudación obtenido del impuesto de combustibles, que según los cálculos del Ministerio de Economía podría rondar los 1.200 millones de dólares en cinco años, y por préstamos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Las autoridades argentinas ofrecerán como aval bienes estatales.
El Gobierno Federal. en colaboración con los Gobiernos provinciales, está aún confeccionando un listado de obras prioritarias que pretende ofrecer de forma inmediata por un valor total de 2.000 millones de pesos (dólares).
En una primera etapa, según adelantaba la prensa local, un 70% de las obras serán trabajos viales, obras destinadas a evitar inundaciones, creación de sistemas de agua potable, construcción de acueductos y de redes de cloacas en varias provincias.
Las cinco constructoras españolas involucradas en este proyecto dan un nuevo paso en su reciente estrategia de colaboración. Juntas se han adjudicado el nuevo edificio terminal del aeropuerto de Madrid-Barajas, con un presupuesto cercano a los 50.000 millones de pesetas. Además han unido fuerzas para crear un portal en Internet para la construcción denominado Build2Build.
