Miles de panameños podrían perder sus viviendas si se aprueba el proyecto de ley 234, el cual reforma la Ley 37 de 29 de junio de 2009, sobre descentralización de la administración pública y otras disposiciones, asegura Yakarta Ríos, presidenta de la Asociación de Consumo Ético de Panamá.
Acotó que esta es una reglamentación disfrazada de descentralización y su fin es más bien tributario, para recoger más dinero a través de los reavalúos de propiedades.
Ríos señaló que la asociación ha podido notar el afán de recaudar dinero producto de impuestos, con lo que se va a desamparar al panameño y se le va a dejar sin techo.
"Esta ley cuenta con los artículos 112 y 113, que les dan la facultad a los alcaldes para fijar y cobrar impuestos de bien inmueble a los panameños, con lo que la asociación no está de acuerdo", señaló.
Y es que para la representante de los consumidores, esta ley representa el alto nivel de avidez de los políticos, ya que a través de esta, tienen la finalidad de recoger dinero para sus campañas en 2019 y el insumo para ellas va ser el dinero de todos los panameños.
"Este proyecto estuvo suspendido en el gobierno pasado, pero la administración de Juan Carlos Varela lo puso en vigencia desde julio de 2014 y ahora le están haciendo algunas reformas, pero no a los artículos 112 y 113, los cuales deben ser eliminados, ya que atentan contra los más humildes", sentenció Ríos.
Explicó que un panameño que tenga una vivienda con valor de 50 mil dólares va a tener que pagar entre $200 y $250 en impuestos, lo que es muy excesivo.
La presidenta de Consumo Ético resaltó que esta es una ley de deposición porque a las personas que no puedan hacerle frente a este impuesto les van a quitar sus viviendas.
Pero la Asociación de Consumido Ético no es la única que ha expresado su preocupación ante la iniciativa que, según ellos, atenta conta el derecho a la vivienda.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ha manifestado también que existe la necesidad de que el tema impositivo, específicamente el cobro y administración del impuesto de bienes inmuebles, sea aclarado.
Los empresarios consideran que "es importante no dar espacio a que el valor por cobrar sea modificado por los municipios o a que se den incrementos tributarios insostenibles".
Datos
- Para la expresidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) Elisa Suárez, el proyecto de ley tiene áreas grises que deben ser revisadas. Suárez cuestionó que siendo el impuesto de inmuebles el recurso que financiará la descentralización, aún no se haya definido la metodología para calcular el valor de las casas.
- La tasa del impuesto de inmuebles que pagan los ciudadanos en Panamá es de 2.1% anual, la más alta de América Latina y la misma se logra cobrar, solamente, al 10% de las más de 90 mil fincas registradas, aseguró la expresidenta del Conep.
- Según cifras de la Dirección General de Ingresos (DGI), al mes de julio de 2015, la recaudación por impuestos de inmuebles en el país totalizó los $4 millones 785 mil dólares, con un déficit de un millón 458 mil dólares, es decir 23.4% menos de lo que se tenía presupuestado ($6 millones 243 mil dólares).
