El mar se tiñó de negro desde la Calzada de Amador hasta Farfán, el pasado viernes de Carnaval, a causa de una fisura en las tuberías de suministro de petróleo de la empresa Atlantic-Pacific, S.A. (APSA). La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), y la Autoridad Nacional del Ambiente(ANAM) aún desconocen la cantidad de petróleo derramado y los daños causados a la ecología del área.
Este último derrame devuelve a la palestra pública una pregunta que los usuarios de los puertos han hecho en reiteradas ocasiones a la Autoridad Portuaria y luego a la Autoridad Marítima: ¿existe realmente la infraestructura necesaria para hacer frente a la contaminación en los puertos?
La palabra "descontaminación" parece estar resonando en los oídos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que actualmente adelanta un análisis general de todos los aspectos relativos a la descontaminación de los puertos, incluyendo el área administrativa y los procedimientos de contratación de empresas privadas, informó Alfonso Rodríguez, director de Puertos de la AMP.
A mediados de este mes, la AMP y la Cámara Marítima se reunirán para discutir este y otros aspectos que afectan a los usuarios de los puertos, puntualizó Rodríguez.
Por su parte, Jerry Salazar, director de la AMP, confirmó que la Contraloría y la entidad a su cargo, "están investigando a Ocean Pollution Control, una de las empresas que tiene la concesión para la limpieza de los puertos de Balboa y Cristóbal, para constatar que la concesión fue legalmente adjudicada y que la empresa realmente cuenta con el equipo necesario para realizar esta actividad.
Cuando Panama Ports Company (Hutchinson) recibió la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, la AMP dejó de atender directamente la decontaminación, y este servicio también fue concesionado a empresas privadas, como Atlantic Pacific, S.A., Alireza Mobil Terminals y Ocean Pollution Control.
Adicionalmente, cada empresa que presta servicios de combustible, como es el caso de la Refinería Nacional, o de almacenaje, como Atlantic Pacific, debe tener el equipo que garantice la limpieza del agua, en caso de derrame, indicó Rodríguez.
El personal de la AMP que manejaba este aspecto fue indemnizado y dejó de laborar, luego de la privatización de los puertos, por lo que en este momento, la Autoridad Marítima se limita a supervisar a las empresas concesionarias para verificar que tienen el equipo necesario, impartiendo las instrucciones en casos de accidentes.
Ricardo Lince, vicepresidente de la Cámara Marítima de Panamá, entidad que agrupa a las principales navieras y empresas relacionadas a la actividad, manifestó su preocupación, porque hasta el momento, las empresas privadas que tienen la concesión para descontaminar los puertos, no se han acercado a los usuarios para explicarles los servicios que ofrecen, los equipos que disponen, ni el sistema que utilizan para realizar esta labor, lo cual mantiene dudas latentes acerca de la legalidad de estas concesiones.
Actualmente, todas las naves que transitan por puertos panameños tienen que pagar una tasa por descontaminación de dos centavos por tonelada de registro bruto.
Una carta de la Cámara Marítima, dirigida al entonces director de la AMP, Rubén Reyna, señalaba textualmente que "estos fondos suponen ir dirigidos a un esfuerzo para evitar la contaminación, pero lo cierto es que actualmente no existe la infraestructura que justifique la aplicación de esta tasa".
Continúa la misiva, diciendo que "esta tasa fue implementada sin previo aviso, por lo que no fue presupuestada por las navieras, convirtiéndose en un gasto imprevisto de aproximadamente 200 mil dólares anuales más de lo presupuestado.
A juicio de la Cámara Marítima, éstos y otros cargos, afectan la competitividad de los puertos panameños, en momentos en que Panamá se esfuerza por convertirse en un centro de transbordo de carga.
La AMP, a través de la Ley 7 del 10 de febrero de 1998 y de la Ley 21 de 1980 es la entidad responsable para atender accidentes marítimos y descargas de cualquier sustancia contaminante dentro de las aguas navegables, mar territorial y aguas interiores del país.
Aún con estas leyes, y la buena intención de las autoridades por controlar los derrames de petróleo, éstos continúan siendo un riesgo latente que oscurece los mares y el buen nombre de algunas personas. Los usuarios esperan los resultados de las investigaciones.
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